La Ley de Servicios Sociales echa a andar con recelos de los destinatarios

La futura Ley de Servicios Sociales de Aragón llega a las Cortes de Aragón con las duras críticas de algunos colectivos. Así, la Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), que agrupa a 34 organizaciones, está dispuesta a "salir a la calle" para que se incorpore un "auténtico" catálogo de prestaciones que suponga un "verdadero compromiso", similar al anexo de la ley catalana.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (CONCEMFE) Aragón también considera "imprescindible" que aparezca una cartera de servicios.

A este respecto, el director general del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Juan Carlos Castro, recalcó que la ley sí incluye en su artículo 33 un catálogo con las prestaciones "mínimas" y "obligatorias" que deberán concretarse después en el desarrollo normativo. Aunque se contempla un máximo de dos años para que se apruebe la cartera, este plazo podría acortarse, incluso por mandato parlamentario.

Juan Carlos Castro estimó que la ley beneficiará a más de 200.000 aragoneses, que son el número de usuarios. La comunidad ofrecerá de forma pionera la posibilidad de solicitar un segundo diagnóstico, como ya puede hacerse en el sector sanitario, a aquellas personas que no estén de acuerdo con el primer dictamen.