Una reforma de la Ley del Juego, que fue aprobada en el año 2000, permitirá a los titulares de los casinos en Aragón abrir una sala de juego adicional en el mismo término municipal. Hasta ahora, la ley limitaba a uno por provincia el número de casinos fijos que podían autorizarse en la Comunidad. Esta novedad no implica una nueva autorización y no condiciona la ubicación de lo que se llama "sala adicional", siempre que sea en la misma localidad donde se encuentra la instalación principal. La ley considera que esa sala "forma parte del casino de juego permanente". El proyecto de ley, que fue aprobado sin publicidad en el último Consejo de Gobierno, ha sido ya remitido a las Cortes. El director del Casino de Zaragoza, Juan Prieto, consideró ayer "muy positivo" este cambio normativo.

Por su parte, la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer), que ya alegó en su momento contra esta medida, rechazó la apertura de nuevas salas. José Vicente Marín, directivo de la asociación, apuntó que detrás de este cambio legal puede existir una futura "redimensión" del proyecto de Gran Scala. Este extremo fue tajantemente negado ayer por fuentes de la DGA, que recordaron que Gran Scala está regido por la Ley de Grandes Espacios de Ocio.

Desde la DGA aseguraron además que otras comunidades autónomas ya han recogido esta posibilidad en su legislación. La justificación de esta medida es evitar problemas de seguridad entre jugadores de distinto perfil y que se pueda facilitar el control de las mesas ante la afluencia de jugadores. En cualquier caso, no se autoriza ningún otro juego.

Además, la ley eliminará la exigencia de que los bingos sean explotados mediante una autorización a entidades benéfico-deportivas, culturales, turísticas o asimiladas. También se regula la autorización de terminales de apuestas, para homologarlas con las de la máquinas recreativas.

El sector del juego se está viendo bastante afectado por la crisis económica general. Fuentes de la DGA aseguran que la venta de cartones de bingo, cuyo control les corresponde, ha descendido en un 25-30%, una cifra que puede ser extensible al resto de juegos. No obstante, el auténtico caballo de batalla del sector es el de la regulación de los juegos 'on line', que las comunidades tienen previsto abordar a nivel estatal.