La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza remitirá en un par de semanas a los juzgados de la plaza del Pilar trece contratos firmados por el Gobierno de Aragón entre 2004 y 2005 que cree que pudieron tramitarse ilegalmente. A estos podría añadirse uno más sobre el que todavía existen dudas. Para despejarlas, el Ministerio Público va a solicitar tres pruebas documentales complementarias a la DGA. Una vez recibidas y examinadas, adoptará una decisión.

La investigación se inició a finales de noviembre de 2010 después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectara posibles irregularidades administrativas e indicios de delitos en decenas de contratos públicos adjudicados por el Gobierno aragonés durante esos años. Las contratas afectan a siete consejerías de la DGA, y fueron tramitadas directamente por los departamentos o a través de empresas y entes públicos que dependían de ellos. En total, solo las contrataciones investigadas por posibles infracciones penales suman 479 millones de euros y 26 contratos.

La fiscalía de Zaragoza encargó un primer informe a Victoria Esponera, fiscal especialista en Delitos Económicos y responsable de investigaciones como la Operación Molinos. Posteriormente, toda la documentación se dividió en 26 grupos atendiendo a distintos criterios: como la consejería que los firmó, la empresa adjudicataria, etc, y se repartió entre nueve fiscales para que los estudiaran y se pronunciaran sobre la posible existencia de delitos contables. Ahora, cuatro meses después, han dectectado posibles prevaricaciones administrativas en trece de los expedientes. Este delito prescribe a los diez años.

No hay imputados

Durante este tiempo, el único material con el que han trabajado los fiscales han sido los contratos que le envió el Tribunal de Cuentas. Fuentes de la fiscalía provincial confirmaron ayer que no se ha considerado necesario tomar declaración a ninguna de las personas vinculadas con su tramitación. Entiende que es preferible que sean los jueces de instrucción quienes llamen a quien consideren oportuno una vez tengan todo el material en sus manos.

Estas mismas fuentes no concretaron a qué consejerías corresponden los contratos sospechosos, aunque sí advirtieron de que «prácticamente están todas». Sí que especificaron que la información complementaria que han solicitado está relacionada con las obras del museo Pablo Serrano de Zaragoza, trabajos que se adjudicaron cuando la consejería de Cultura estaba dirigida por la acual candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón, Eva Almunia.

Por el momento, tampoco se ha decidido imputar a nadie. En la reunión que los nueve fiscales designados celebraron el pasado viernes con su jefe provincial, Alejandro Fernández Furquet, se acordó que en un plazo de dos semanas tendrían listas sus conclusiones.

Entre otras irregularidades detectadas en la gestión de la DGA de 2004 y 2005, destacan las que se refieren al Plan Especial de Depuración del Instituto Aragonés del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. No en vano, de los 479 millones de euros que suman los contratos investigados, 354,4 corresponden a este plan. La Fiscalía analiza la redacción de proyectos, construcción y explotación de las actuaciones de cinco zonas del proyecto de depuración.

También se han analizado, entre otras obras, la adjudicación del colegio de Parque Goya II, la glorieta y parquin subterráneo de Teruel, la reforma y ampliación del hospital de Barbastro o la rehabilitación del Monasterio de San Juan de la Peña (2,4 millones). En la mayoría de los casos las anomalías detectadas iban dirigidas a orientar la adjudicación de la obra.