La fiscal pedirá 800.000 euros de fianza a Pinilla si el juez acepta dejarla libre

Si el juez Alfredo Lajusticia decidiera poner en libertad provisional a la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, la fiscal estaría dispuesta a aceptar si le impusiera una fianza de 800.000 euros. Así se lo dice en su escrito de contestación al recurso que presentaron los abogados de la alcaldesa, Javier Notivoli y Xenia Cabello, en el que interesaban su puesta en libertad con una serie de medidas cautelares, como la presentación en el juzgado, incluso diariamente, y una fianza. Los letrados no aventuraron ninguna cantidad, pero la fiscal considera que si el juez accediese a excarcelarla, lo que debería pedirle serían 800.000 euros (el doble de lo que encontraron en efectivo en una caja de seguridad a su nombre).

La representante del Ministerio Público pide, no obstante, en su escrito, que se mantenga la prisión para la alcaldesa de La Muela porque considera que se mantienen las mismas circunstancias por las que se solicitó su ingreso en prisión el pasado 21 de marzo.

En su amplia argumentación, recuerda que a María Victoria Pinilla se le imputan, entre otros, los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos o cohecho, castigados todos ellos con penas de hasta seis años de prisión; así como un delito contra la Hacienda Pública por defraudación de subvenciones (hasta cuatro años), defraudaciones y exacciones ilegales (hasta tres años), tráfico de influencias (hasta un año). A su juicio, todo esto indica la gravedad de los hechos investigados.

La fiscal mantiene que María Victoria Pinilla, durante los años que ha ejercido de alcaldesa, ha incrementado su patrimonio de forma no proporcionada a las actividades que ha declarado. Añade que a través de la sociedad municipal en la que participa como primera edil, se han gestionado ventas de terrenos municipales aportados a la sociedad para su gestión por debajo del valor del mercado, con el consiguiente perjuicio para el Ayuntamiento.

En su escrito, la fiscal menciona el interés personal que Pinilla tenía en la delimitación de los sectores SR1, SR2 y SR3 "más allá del interés público que representa". Recuerda que tanto ella como su marido, a través de una sociedad mercantil del grupo Aranade (del también imputado Julián de Miguel) vendió una parcela a la empresa Brocover (del imputado José Carlos Fernández Delgado), quien iba a promover un plan parcial "en el que participaba la alcaldesa y en el que existen indicios de que hubiera cobrado cierta cantidad de dinero". Para conseguir la aprobación de la delimitación del SR1 "María Victoria Pinilla recurrió a cuantos contactos y relaciones mantenía con diferentes miembros de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio hasta conseguir su propósito", algo que, según los informes técnicos, no era previsible. Esta tardanza en aprobar la delimitación hizo que, agobiado por las deudas, Fernández Delgado -según la fiscal- presionara a la alcaldesa, que le entregó 250.000 euros que luego fueron blanqueados por diferentes mecanismos.

La representante del Ministerio Público repasa una por una las imputaciones -y de las que le defendieron sus letrados- para concluir que la fase de investigación aún no ha terminado. Recuerda que el Tribunal Constitucional en varias resoluciones ha sido tajante al afirmar que "la privación de libertad no puede ser pena anticipada" y que su mantenimiento debe estar claramente justificado. En este sentido, subraya que durante los tres meses que lleva en prisión se han practicado pruebas, se han tomado declaraciones y que la Policía todavía está investigando la documentación incautada. Por eso, pide que siga en prisión.