zaragoza. Los familiares de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, están tratando de reunir los avales bancarios suficientes para afrontar la fianza que presumiblemente le impondrá el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia, en el supuesto de que acceda a ponerla en libertad provisional. Sus allegados intentan conseguir los 800.000 euros que la fiscal del caso de la Operación Molinos pedirá como medida cautelar, como así adelantó en el escrito de contestación a la solicitud de libertad que hicieron sus abogados, Javier Notivoli y Xenia Cabello.

Cuando el pasado 18 de marzo fueron detenidos María Victoria Pinilla, su marido, Juan Antonio Embarba, y su hijo Víctor (junto a 17 personas más), el juez Alfredo Lajusticia ordenó que se inmovilizaran todos sus bienes y cuentas y prohibió expresamente cualquier enajenación. Además, durante los registros, la Policía se incautó del dinero en efectivo y de los objetos de valor (doce relojes de marca) que había en las viviendas, así como en las cajas de seguridad de los bancos.

En el caso de María Victoria Pinilla, los agentes encontraron 400.000 euros en billetes de quinientos en una entidad bancaria y otros 51.000 en su chalé de La Muela. En el domicilio de Víctor Embarba Pinilla, se requisaron 29.750 euros en efectivo, muchos de ellos en billetes de 500.

Esto quiere decir que los familiares no imputados tendrán que recurrir a sus propios bienes para lograr reunir la cantidad de dinero que el juez decida pedir a Pinilla, en el caso de que la deje salir a la calle bajo fianza.

Los letrados de la alcaldesa han solicitado en dos ocasiones su libertad provisional, pero ambas han sido denegadas por el instructor del caso. En la última ocasión, recurrieron ante la Audiencia Provincial pero, dada la respuesta de la fiscalía a su escrito, decidieron desistir del recurso ante el tribunal superior y volverlo a presentar ante el juez del caso. Este debería pronunciarse en los próximos días y se supone que la postura de la representante del ministerio público será la misma.

A pesar de su disposición a pedir una fianza, la fiscalía argumentaba en su escrito que debía mantenerse la prisión provisional puesto que consideraba que no habían cambiado las circunstancias por las que se solicitó el ingreso en la cárcel de Pinilla el pasado 21 de marzo.

Recordaba, no obstante, que el Tribunal Constitucional ha sido tajante en varias de sus resoluciones al afirmar que "la privación de libertad no puede ser una pena anticipada" y que su mantenimiento debe estar claramente justificado. Pero acto seguido, subrayaba que durante los tres meses que la alcaldesa de La Muela lleva en prisión se han seguido practicando pruebas, se han tomado declaraciones y que la Policía todavía está investigando la documentación incautada. Por eso, pedía que siga en prisión.

En su escrito resaltaba que a Pinilla se le imputan, entre otros, los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos o cohecho, castigados todos ellos con penas de hasta seis años de prisión; así como un delito contra la Hacienda Pública por defraudación de subvenciones (hasta cuatro años), defraudaciones y exacciones ilegales (hasta tres años), tráfico de influencias (hasta un año). A su juicio, todo esto indica la gravedad de los hechos investigados.

Sin embargo, la misma postura había mantenido respecto a los otros dos imputados que han pasado por la cárcel -el empresario José Carlos Fernández Delgado y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela- y a ambos se les ha concedido la libertad provisional bajo sendas fianzas de 250.000 y de 150.000 euros, tras pasar dos y tres meses en prisión, respectivamente.