El fallecimiento de las dos últimas monjas de la orden de San Juan de Jerusalén que formaban parte de la comunidad del monasterio de Sijena, desvelada por este periódico y acaecida hace ocho y diez años en San Cugat del Vallés, complica un poco más el ya farragoso asunto del regreso a Aragón de los bienes que salieron de ese cenobio en diferentes etapas para terminar en museos catalanes, bien en calidad de depósito, bien mediante operaciones de compraventa supuestamente ilegales.

En el caso de las piezas vendidas en 1983, 1992 y 1994 a la Generalitat por la anterior madre federal de la orden sanjuanista, la catalana Pilar Sanjoquín (que no pertenecía a la comunidad de Sijena, pero bajo cuya dirección se encontraban en el convento de Valldoreix las últimas monjas sijenenses), la solución debe llegar por vía judicial.

El Gobierno aragonés reclamó en febrero de 1998 su derecho de retracto sobre esas obras de arte sacro indebidamente vendidas. La Generalitat respondió a esa acción planteando un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Ese recurso fue admitido a trámite y, diez años después, todavía se está a la espera de sentencia.

El conocimiento de que las religiosas de Sijena llevan fallecidas varios años no supone modificación en el conflicto judicial que afecta a esta parte de los bienes de Sijena. El Constitucional, sencillamente, debe dirimir si la DGA tiene derecho o no a ejercer el retracto. Si la sentencia es afirmativa, bastaría con pagar a la Generalitat lo que desembolsó por las piezas de arte, unos 300.000 euros, para lograr su retorno.

Identificar a los dueños

Respecto a los bienes que están en los museos de Lérida y Barcelona en calidad de depósito (algunos, como las pinturas murales de la sala capitular, con opción de compra), la situación es idéntica a lo que sucede con el litigio paralelo de las 113 piezas del litigio de las parroquias del Aragón Oriental: son los propietarios (o sus representantes legales) quienes deben reclamar el levantamiento de ese depósito para que puedan regresar a la Comunidad Autónoma.

El caso de las parroquias está ahora mismo trabado por la artimaña jurídica urdida por la Generalitat de proteger los 113 bienes aragoneses como parte de la colección indivisible del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida. A pesar de eso, las partes del litigio están claramente delimitadas. Por un lado, las parroquias, integradas en el Obispado de Barbastro-Monzón, son las propietarias legítimas de las piezas, lo que han reconocido en sentencia firme los tribunales vaticanos. Por el otro, el Obispado de Lérida es el depositario de los bienes y quien los ha llevado a su actual ubicación en el museo ilerdense.

En la cuestión de Sijena, la situación parecía, hasta la información aportada por HERALDO, similar. El Gobierno aragonés aseguraba en las Cortes tener identificada a la propiedad, las dos monjas que, en realidad, habían muerto hacía tiempo, a través de un representante. Como ha publicado este periódico, el departamento de Cultura desconocía por completo ese extremo, ya que llevaba dos años sin hablar con ese supuesto representante, porque las conversaciones no llevaban a ningún sitio, ni se había molestado en ponerse en contacto con las diez religiosas que todavía forman la orden de San Juan y que viven en Zamora y en Salinas de Álava. Las únicas gestiones que Cultura mantenía eran con las hermanas de Belén, actuales inquilinas, mediante alquiler, del monasterio oscense.

La consejera Eva Almunia aseguró en noviembre de 2006 haber encargado un informe jurídico para delimitar las posibles vías de actuación "en el caso de que las dos monjas, que son muy mayores, fallezcan". Ese estudio no se ha terminado todavía porque, según se ha señalado desde Cultura, se esperaba entrar en contacto con las que se creía supervivientes de la comunidad de Sijena "para conocer su voluntad".

Ahora, al saber que el último miembro de esa comunidad conventual murió en el año 2000, la gran incógnita que se debe resolver es quién es el dueño de Sijena y sus bienes. Resolver esa cuestión puede resultar más difícil de lo que parece, ya que puede haber testamentos o cesión de poderes, mediante contratos privados, por medio.

Una posibilidad sería que fuese la orden de San Juan la heredera, pero tampoco es seguro, ya que la comunidad de Sijena gozaba de gran autonomía dentro de la orden. En todo caso, la DGA ni siquiera ha establecido tratos directos con la orden, al menos en los tres últimos años, según afirmó esta semana la madre federal. El gran fallo es que desde 1998 se ha perdido demasiado tiempo.