La DGA no resuelve la sentencia que anula el contrato a 163 médicos y la pasa al Supremo

El Gobierno de Aragón reconoce que se ve incapaz de resolver la sentencia del Tribunal Supremo que, el pasado mayo, declaró anulada una oposición con la que ganaron su plaza 163 médicos de familia. Según Aragón Press, la noticia surgió al cierre de la XX edición del congreso anual de Fasamet (Federación Aragonesa de Médicos Titulares de Atención Primaria). El presidente del mismo, Leandro Catalán, comentó la "forma un tanto ilógica" en que la Justicia declaró nula esta oposición, provocando la "incertidumbre" de los afectados.

Fue entonces cuando el consejero de Presidencia, departamento que se ha encargado de este fallo, anunció que el Gobierno aragonés dejará la ejecución de la sentencia en manos de los jueces.

"Que sea el propio juez quien haga la ejecución de sentencia que considere oportuna y justa", declaró el titular de presidencia, tras asegurar que, "humanamente", el Ejecutivo no ha podido encontrar ninguna solución. "No somos capaces de encontrar un punto de salida, (...), tocamos una pieza y se nos rompe todo el escenario". El consejero aludió a "las repercusiones tan cruzadas" que tendría cualquier posible decisión al respecto y añadió: "No somos capaces de poder llevarlo a efecto".

La sentencia dio la razón, el pasado mes de mayo, a la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), que denunció las condiciones que rodearon las oposiciones para 163 plazas de médico de familia convocadas en 1997.

El TS la anuló y, desde entonces, representantes del departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, del Servicio Aragonés de Salud y de Samfyc han intentado llegar a un acuerdo que recompense a quienes no obtuvieron plaza o obtuvieron otra de peor posición que a la que hubieran podido optar.

El Tribunal basa su decisión en que no hubo igualdad de acceso a las plazas ni tampoco en el proceso por el que se valoraban aspectos como la antigüedad, los méritos y los servicios prestados.

Piden la ejecución

La indignación entre Samfyc al conocer esta decisión -algo de lo que tuvieron noticia hace unos días- ha sido mayúscula. La sociedad insiste en que el acuerdo no ha sido posible porque el Gobierno de Aragón -según sus palabras- no ha querido adoptarla.

"Ha habido una nula voluntad política a la hora de negociar. Hemos sentido que nos estaban tomando el pelo", aseguró ayer la presidenta de Samfyc, Isabel Monreal. Según explicó, el Gobierno de Aragón insiste en que la sentencia es "inejecutable", "y por eso le pasan la pelota al Tribunal".

Ante esto, la sociedad va a pedir que el fallo se ejecute, algo que aún no habían solicitado con la esperanza de llegar a un acuerdo extrajudicial que recompensase a quienes se quedaron sin plaza pero no perjudicara a los que la consiguieron. "Ahora, no nos dejan otra opción", dijo Monreal.

Ahora, solo el Tribunal decidirá qué hacer. Los que ganaron la plaza en esta convocatoria de empleo la ocupan desde el año 2000 y ya llevan casi una década en sus centros sanitarios. Sin embargo, muchos facultativos de los que se quedaron sin puesto corrieron peor suerte y tuvieron que exiliarse a otras comunidades o perdieron la oportunidad de ganar una plaza estable.