El Gobierno de Aragón quiere ahorrar en alquileres y estudia vender propiedades

La racionalización del gasto también se extenderá al patrimonio de Aragón. El Ejecutivo de Rudi está elaborando un estudio pormenorizado sobre la situación real de cada una de las propiedades de la Comunidad autónoma para tratar de ajustar el gasto, sobre todo en alquileres (más de seis millones al año), y elaborar un plan de racionalización. Hasta ahora se había recurrido a la renegociación a la baja de algún contrato de arrendamiento para minimizar el coste, pero el nuevo Ejecutivo quiere aprovechar el patrimonio inmobiliario e incluso tratar de vender alguna propiedad para obtener ingresos y reducir gasto. No obstante, en el Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas -que se encarga de este informe- son conscientes de que no es el mejor momento para enajenar.

Este plan, que se enmarca dentro del objetivo global de revisión del gasto corriente, se elaborará a partir de los datos que se obtengan en ese estudio previo en el que se está analizando edificio por edificio. Fuentes de la consejería explicaron que la labor está siendo ardua puesto que hay diferentes casuísticas: solares, cesiones de uso, edificios compartidos con otras administraciones, inmuebles en propiedad...

En estos momentos, se analiza con detalle el futuro traslado de tres de las sedes ubicadas en locales arrendados, según apuntan fuentes autonómicas. Por un lado, se prevé que el Departamento de Interior y Política Territorial pueda ser trasladado el año que viene al Pignatelli y, de esta forma, abandone el edificio Puerta Cinegia, uno de los alquileres más onerosos para las arcas autonómicas. Además, el Departamento de Educación se trasladaría a Ranillas y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales al edificio de Sanidad, ya que, en este caso, ahora forma parte del mismo departamento.

En este documento, también se deberán incluir todos los activos que Aragón recibió para finiquitar el conflicto de las mermas, un acuerdo en el que la DGA perdonó 300 millones. En ese pacto, se incluyeron el pueblo de Búbal, el edificio de La Caridad, el Banco de España de Teruel y el de Huesca, solares en la calle Embarcadero de Zaragoza y la Expo, entre otros. Por algunas de estas propiedades, el Ejecutivo ingresa dinero en concepto de alquileres.

Parques de maquinaria

Además, el Estado ha traspasado ya a la DGA -había de plazo hasta marzo- los diez parques de maquinaria y 120 casas de personal, distribuidas por todo el territorio. Según fuentes de Hacienda, estos activos se están inscribiendo. En el caso de cuatro de ellos, el Gobierno central ha solicitado mantener su uso de forma temporal. Se trata de los parques de Huesca, Jaca, Barbastro y Teruel. De esta forma, se completa el polémico y criticado acuerdo de las mermas tributarias al que se llegó en abril de 2010.

Además, al inventario autonómico habrá que sumar en 2013 los juzgados de la plaza del Pilar, que quedarán desocupados una vez se trasladen al recinto de la Expo. El anterior gobierno estudiaba la posibilidad de recalificar los suelos para financiar el traslado a Ranillas y construir un hotel. Entonces, los ingresos estimados por la operación ascendían a 30 millones de euros.