El Ejecutivo autonómico se estaría planteando introducir medidas complementarias de financiación o garantías adicionales en el nuevo plan autonómico de vivienda 2009-2012 para ayudar a los beneficiarios de una VPO a conseguir créditos y poder sufragar el coste de la vivienda. No obstante, según explicaron ayer fuentes de la DGA, las conversaciones con bancos y cajas están todavía “muy verdes” y las soluciones posibles son “tantas, como variadas”. “Acabamos de empezar a hablar y no hay nada decidido. La solución no llegará mañana ni pasado”, advirtieron.

De concretarse alguna medida en los próximos meses, Aragón seguiría así el paso dado a finales del año pasado por Andalucía, que firmó en noviembre un convenio con treinta y tres bancos y cajas con el objetivo de garantizar la financiación de las VPO. En él, se establecían unas condiciones objetivas que han comenzado a exigirse a los adquirentes de un piso protegido en el primer compromiso de este tipo alcanzado en España entre una administración y las entidades financieras.

Como criterios esenciales, para otorgar los préstamos se tiene en cuenta la ausencia de informes negativos sobre impagos anteriores, la acreditación de la renta declarada de hasta tres años, una relación entre los ingresos y las cuotas de todas las deudas que no supere el 40% y unos ingresos líquidos que, tras el pago de la hipoteca, no quede por debajo del salario mínimo profesional.

No obstante, estos requisitos pueden ser sustituidos por la presentación de avales u otras garantías financieras. Además, como garantía adicional, los préstamos están avalados por un informe de la Consejería de Vivienda, que es en todo caso previo a la concesión de la hipoteca.

Sin fórmula decidida

Aragón parece tener claro que la salida a los problemas de financiación que acaban por hacer renunciar a muchos aragoneses _-que sí cumplen los criterios de ingresos para acceder a una VPO- pasaría por encontrar una solución similar: un compromiso con las entidades financieras. Pero nada saben todavía los responsable de Vivienda sobre la fórmula concreta con la que podía darse (avales, informes... etc) porque, insisten, todo es aún “muy prematuro”.

Todo dependerá de las conversaciones iniciadas con los bancos y cajas aragonesas. Tal y como reconoció ayer el Gobierno aragonés, hasta el momento ha habido una única reunión formal con los representantes de las entidades financieras, que se produjo el pasado mes de diciembre. Y se trató solo de una primera toma de contacto. _Pero la intención es que haya más para poder abordar un asunto que tiene “muy preocupado” al Departamento de Obras Públicas y Vivienda del Ejecutivo autonómico.

Pero no hay prisas. El calendario con el que trabaja la DGA para aprobar el nuevo plan de vivienda autonómica para los próximos cuatro años no sitúa su entrada en vigor hasta la primavera. El decreto acaba de salir a información pública, como avanzó recientemente este periódico. Habrá que consensuarlo y debatirlo con el sector, que podrá aportar sus propuestas, y luego aprobarlo de manera definitiva. No será hasta mayo, calculan en el departamento, cuando será aplicable.

Por su parte, entidades financieras prefirieron ayer mantenerse en silencio sobre las conversaciones iniciadas con la DGA. Bancos y cajas financian ahora el 80% del coste total del piso protegido a unas condiciones especiales y ventajosas, cumpliendo lo establecido en el decreto estatal del plan de vivienda.

Es ese 20%_restante de financiación lo que acaba por echar para atrás a muchos beneficiarios de una vivienda protegida. Según los datos recopilados por la DGA, los motivos económicos (ya sea falta de ingresos o falta de financiación), están detrás del 30% de las renuncias a un piso protegido.

Comprar el suelo

Quienes lo saben bien porque lo viven día a día, son los promotores y las cooperativas de vivienda protegida. El problema afecta más a los primeros, que en algunos casos extremos han llegado a ver cómo hasta la mitad de los adjudicatarias de una misma promoción acababan renunciando al piso por no poder pagarlo.

En el caso de las cooperativas, los problemas son menores en cuanto a las negativas por subrogación de hipoteca. El presidente de la Federación de Cooperativas, Miguel Ángel Loriente, asegura que estos casos no suelen superar el 2 ó 3% en cada promoción. “Eso sí -advierte- otra cosa es la dificultad de créditos para emprender nuevas operaciones”.

El problema radica, según explica Loriente, en que antes las cooperativas conseguían fácilmente un crédito para comprar el suelo de la promoción (que viene a suponer un 20% del precio final de la vivienda), y los adjudicatarios iban devolviéndolo luego en “cómodas cuotas” hasta la firma de la compra de la vivienda. Ahora, esos préstamos no se conceden y los cooperativistas tienen que hacer un desembolso inicial “bastante importante”.

Esa entrada, según Loriente, puede rondar en torno al 10% del precio del piso, “una cantidad que pocos reúnen fácilmente”. “Y es eso lo que echa para atrás a muchos beneficiarios”, concluye.