El Gobierno de Aragón decidió tapar con dinero público la quiebra de una de sus inversiones estrella, la empresa aeronáutica CAG, cuando ya se había decidido el cese de actividad. Para evitar "a toda costa" el concurso de acreedores y que trascendiera el fracaso, se inyectaron 2,2 millones de euros en la fábrica de avionetas de Villanueva de Gállego a través de la sociedad mixta Savia Capital Atracción. Esta es la revelación hecha por el ex consejero delegado de la Corporación de Empresas Pública de Aragón y ex presidente de CAG, Santiago Coello, en su comparecencia en el litigio arbitral que acaba de perder la DGA contra la sociedad gestora de sus inversiones de capital riesgo, Möbius.

En una declaración jurada, Coello habló sin ningún tipo de tapujos sobre la operación, que acabó con la extinción de la empresa a finales del año pasado tras enterrar algo más de diez millones de euros desde 2004. "Como consecuencia de la delicadísima situación de CAG, que estaba en quiebra, y dada la relevancia pública que podía tener esa inversión y el seguimiento que había de ella en medios de comunicación, se tomó la decisión, sobre todo, de salvar los muebles con dinero público", declaró este ex alto cargo de la DGA, que el pasado viernes declinó hacer declaraciones a este diario y remitió al Gobierno de Aragón

Con los 2,2 millones aportados, la aeronáutica CAG pudo "satisfacer deudas preexistentes", como se recoge en el laudo, "en lugar de proceder a la presentación de concurso voluntario de acreedores". En calidad de testigo, el ex consejero de la Corporación de Empresas Públicas indicó que esta inyección millonaria se justificó mediante la compra de la nave de la empresa. La mayor parte del dinero salió de las arcas públicas, dado que la DGA poseía el 41,75% de las acciones (el resto corresponde a las cajas aragonesas).

Una versión oficial muy distinta

Mientras tanto, los medios de comunicación recogían la versión oficial: Composite Aeronautic Group (CAG) se había vendido a otra aeronáutica, la italiana Tecnam. Nada más lejos de la realidad, ya que el proyecto había quebrado y la DGA cedía las instalaciones a la firma italiana para que fabricara sus propias avionetas por un alquiler que no hizo público. Y su llegada también supuso otro sustancial desembolso de dinero público, que inicialmente iba a ser de tres millones y que se duplicó en el acuerdo cerrado entre Tecnam y la sociedad mixta Inverzona (heredera de Savia) el 16 de julio de 2008. Así se recoge en un informe aportado al proceso arbitral por la propia sociedad participada por la DGA. En ese acuerdo se descartó la venta de CAG por un precio testimonial (1 euro por acción), como se había planteado solo un mes antes en el consejo de administración de Inverzona. La actividad industrial se retomó un año después.

La "delicadísima" situación de la empresa aeronáutica llevó al ex consejero delegado de la Corporación de Empresas a asumir también la presidencia de CAG a principios de 2007. Solo en esta empresa participada se perdieron 10 de los 18,8 millones en los que se ha cuantificado la factura total soportada por Savia Capital Atracción y su heredera Inverzona.

En el laudo arbitral, la fórmula pactada en el contrato para solventar cualquier reclamación, se reconoce que la inversión en la aeronáutica ni siquiera fue propuesta por la gestora, sino que vino impuesta desde la Consejería de Economía de la DGA. "Ha quedado acreditado a lo largo del procedimiento que dicha inversión se generó directamente por Savia Inversión, limitándose Möbius a realizar el análisis inicial de la inversión", recoge la resolución.

En la resolución arbitral también se destaca que la involucración de Santiago Coello "en el seguimiento y en la propia gestión de CAG fue muy notable". De esta forma, desmonta la tesis defendida por Savia Capital Atracción de que toda la responsabilidad en la gestión corresponde a la sociedad participada.

El árbitro, el abogado madrileño Ernesto Benito, también apunta que accionistas de Savia y su presidente tomaron decisiones respecto a la firma aeronáutica "al margen del consejo y de la propia Möbius, que en ocasiones fueron muy perturbadoras para la sociedad CAG y las tensiones entres sus accionistas".

Involucración en el fracaso

Pero aún va más lejos el laudo y responsabiliza a la DGA, a través de Suelo y Vivienda de Aragón, de "influir" en el fiasco de la fábrica de avionetas de Villanueva. Esta sociedad pública debía urbanizar los suelos necesarios para levantar las instalaciones, para lo que iba a ceder un derecho de superficie sobre 20.000 metros cuadrados. El compromiso garantizaba teóricamente iniciar la actividad en julio de 2005, pero no se pudo formalizar el derecho de superficie hasta marzo de 2008. Esto generó "graves problemas financieros" a CAG, según reconoció un testigo que compareció por parte de Savia.

Por ello, en el laudo se incide en que el "retraso en el incumplimiento de sus compromiso por la parte de Suelo y Vivienda influyó en la negativa evolución de CAG", algo de lo que era "consciente" Savia Inversión.