El Gobierno de Aragón no se plantea intervenir en la parte privada del monasterio de San Victorián, cuya propiedad comparten el empresario hostelero Luis Vecino y un fondo de inversión qatarí. Así lo aseguró ayer el director general de Patrimonio, Jaime Vicente, quien subrayó que "no va a haber vínculo directo entre la parte privada y la pública. Esta última, cuando se restaure, se abrirá al público; y en la parte privada los propietarios podrán hacer lo que la Ley de Patrimonio les permita".

Vicente salía así al paso de las novedades en cuanto a la propiedad del palacio abacial y la hospedería del cenobio. "Lo que se ha producido no es la venta del inmueble, sino una incorporación de accionistas -dijo-. Si se hubiera producido esa venta, tendríamos la posibilidad de comprar al mismo precio. Pero lo que no queremos es adquirir acciones de una empresa".

Vicente reconoció, sin embargo, que el Departamento de Educación y Cultura ha mantenido negociaciones para comprar la parte privada de San Victorián, incluso con los anteriores propietarios. "Pero el precio siempre ha sido inasumible. Con un precio razonable, ya lo habríamos comprado". Según el director general, antes de vender Luis Vecino el 42,5 por ciento de las acciones al grupo qatarí, pedía más de dos millones por su propiedad.

Mientras tanto, Monasterio de San Victorián SL, con su nuevo socio, está buscando otros enclaves en Sobrarbe para desarrollar un proyecto hostelero. Su idea inicial para el cenobio (hotel de 45 habitaciones, restaurante de 500 metros cuadrados, aparcamiento para 250 coches e iglesia abierta todo el día) está ya descartado.

Por su parte, Chunta Aragonesista registró ayer varias preguntas parlamentarias sobre el tema. La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha pedido al Gobierno aragonés que explique si conoce los planes o proyectos de actuación y cómo va a garantizar que sean respetuosos con la ley. El portavoz de Cultura del grupo parlamentario popular, Miguel Navarro, presentó una iniciativa para exigir al Gobierno de Aragón que recupere urgentemente la propiedad integral sobre el monasterio. Y Acción Pública en Defensa del Patrimonio Aragónes (APUDEPA) exigió ayer un proyecto global de intervención en el edificio.