La DGA admite que falta agilidad en la concesión de ayudas a los dependientes

Sin datos recientes sobre el curso que sigue la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia en Aragón, pero con argumentos sobre el porqué de los retrasos con los que se está implantando, la consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, trató de tranquilizar ayer a las personas que están pendientes de las prestaciones.

La responsable de esta cartera presentó en las Cortes de Aragón las líneas del segundo Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo de los próximos tres años, y por eso, según argumentó, no llevaba consigo los datos sobre nuevas valoraciones de dependientes y prestaciones cursadas. No obstante, los afectados denuncian que son muy pocos los que han comenzado a recibir ayudas, y que solo han empezado a disfrutarlas algunos de los que ya tenían plaza en residencia o ayudas asignadas por el Gobierno de Aragón. Es decir, que la cantidad de nuevos casos asistidos es ínfima.

Ana Fernández quiso enfatizar que la implantación de esta ley es costosa. "Es un nuevo sistema complejo que hemos comenzado a poner en marcha hace varios meses y que compete a diferentes Administraciones. Es una ley estatal que hay que aplicar y gestionar desde las Comunidades Autónomas y estas tienen que contar con las administraciones locales".

Insistió en que "la coordinación entre ellas es lenta", algo que sumado al hecho de que el Consejo Interterritorial, en el que están representadas todas las Comunidades, aún no se ha puesto de acuerdo en algunos puntos fundamentales de la ley, como el sistema de copago, hacen que "no se vaya con suficiente agilidad".

Como contrapeso, recordó que ya hay un porcentaje muy importante de valoraciones. Los últimos datos que ofreció su departamento datan del 15 de febrero. En ese momento, se había valorado a 13.460 personas de las 16.065 solicitudes formuladas por los aragoneses.

De todas las realizadas, se habían enviado al censo estatal más de 10.000. Esto es así porque en función de las que se incluyan en el sistema, el Gobierno central tendrá que aportar más recursos económicos a las Comunidades Autónomas.

En Aragón, 7.199 de las valoraciones hechas hasta mediados de febrero correspondían a grandes dependientes (los primeros en recibir las ayudas), 2.117 a dependientes severos, 1.047 a moderados y en 514 casos no se ha estimado ningún grado de dependencia. Además, a fecha de 15 de febrero se habían elaborado 909 Planes Individuales de Atención (PIA), en los que se deciden las prestaciones con la participación de las familias.

Efectos retroactivos

Si algo quiso dejar claro ayer la consejera Ana Fernández fue que en los próximos meses se va a ir dando respuesta a los ciudadanos. "La ayuda a las personas dependientes tendrán efecto retroactivo y se pagará la prestación correspondiente desde el momento en el que se haya hecho la solicitud".

Este punto no solo ha sido un compromiso de la Administración desde que comenzó a hacerse evidente que habría retrasos, sino que la ley así lo indica en su disposición final primera.

Ana Fernández aseguró que conoce que muchas familias están en una situación complicada, y por eso quiso "tranquilizarlas".

Por otra parte, y sobre si es cierto que las personas dependientes que ya disfrutaban de ayudas de la Administración autonómica, como plazas en residencias o centros de día, Ana Fernández insistió en que todo sigue escrupulosamente el protocolo.

"Las solicitudes se están atendiendo por orden de entrada de registro", comentó refiriéndose a los grandes dependientes, los primeros beneficiarios.