La mayoría de los vecinos que hace 50 años tuvieron que abandonar los pueblos de Jánovas, Lavelilla y Lacort por la construcción del pantano de Jánovas, se han acogido a la posibilidad de recuperar sus casas y sus tierras, dentro del proceso de reversión abierto por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), una vez que se descartó oficialmente el proyecto.

Ayer concluyó el último plazo para poder solicitar los bienes que en su día fueron expropiados o vendidos, presentando la documentación acreditativa de la titularidad. En total, la CHE ha admitido a trámite 105 solicitudes, que se han ido haciendo efectivas a lo largo de cinco meses.

El 10 de diciembre de 2008, el organismo de cuenca remitió 125 notificaciones a antiguos vecinos. Dos meses después, el 4 de febrero, publicó un anuncio en el Boletín Oficial del Estado para localizar a aquellos sin domicilio conocido, a los que dio tres meses para pedir la reversión, un periodo que finalizaba ayer.

Fuentes de la CHE indicaron que es posible que el número pueda aumentar si llega alguna solicitud que haya sido certificada en una oficina de correos u otra administración dentro del plazo reglamentario.

Los expedientes empezaron a tramitarse a medida que se formalizaban las solicitudes de reversión. El proceso administrativo es largo y se inicia con la comprobación de la documentación, sobre todo los títulos de propiedad. En más de un caso ha sido necesario pedir a los interesados alguna ampliación de información. El siguiente paso consiste en informar sobre la legitimación del solicitante para ejercer ese derecho, y en estudiar a qué propiedades y en qué condiciones se aplica. La última fase es el trámite de audiencia a las partes para que puedan plantear alegaciones.

La valoración económica

Tras este proceso administrativo, los expedientes serán remitidos a Endesa, que fijará el precio de las propiedades. Éste es precisamente el caballo de batalla de los antiguos vecinos, ya que si se aplica la actualización del IPC, como ha adelantado la empresa, podrían tener que desembolsar hasta 30 veces más de lo que recibieron en su día.

La Asociación de Afectados de Jánovas expresó ayer su satisfacción "porque hemos ejercitado un derecho que nos ampara". La secretaria de este colectivo, Teresa Buisán, cree que queda un largo proceso administrativo por delante, "más de lo que quisiéramos", aunque es consciente de que "han pasado muchos años desde la expropiación" y eso plantea dificultades.

A su juicio, el momento "más delicado" será el de la valoración económica. "Batallaremos por un precio simbólico. No tiene sentido hablar del incremento del IPC cuando lo que nos devuelven son ruinas", añadió Buisán.