La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y Endesa rechazaron ayer evaluar la reclamación de los afectados por el proyecto de Jánovas de que las tierras y propiedades que les fueron expropiadas para construir el embalse les sean revertidas con el precio simbólico de un euro y no con el coste actualizado. Fuentes del organismo de cuenca y la empresa optaron por descargar en el otro la responsabilidad final del asunto.

Desde la CHE se recordó que "el actual propietario de esas tierras no es el Estado, ni la Confederación, sino la compañía eléctrica Endesa". Las expropiaciones de Jánovas fueron pagadas por Iberduero (actual Iberdrola) como concesionaria desde 1951 de los caudales de turbinación que iba a generar la construcción de la presa sobre el río Ara. Posteriormente, Iberduero traspasó esos derechos a Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ), que luego se integró en Endesa.

Un portavoz oficial del organismo de cuenca quiso dejar claro que "el Estado, a través de la CHE, es solo un mediador entre las dos partes con el objetivo esencial de garantizar que el proceso de reversión se lleva a cabo dentro de la más estricta legalidad y sin que se cometan errores administrativos que puedan perjudicar a los interesados".

Sin embargo, desde el gabinete de comunicación de Endesa en Aragón se otorgó un papel preponderante a la CHE en el asunto al afirmar que lo que se está produciendo "es un proceso de reversión que lidera la Confederación Hidrográfica del Ebro". "Y el presidente del organismo ya ha aclarado que para que las tierras sean restituidas los afectados deben pagar el precio que en su día cobraron por ellas con la actualización correspondiente", se añadió.

Endesa también quiso explicitar, "ante la lectura de algunas afirmaciones en prensa", que "el proceso de reversión afecta únicamente a los terrenos y propiedades que se expropiaron para la construcción del embalse, en ningún caso forman parte del mismo otras tierras que fueron compradas para el proyecto sin que mediase expropiación".

Asimismo, la compañía eléctrica también manifestó con rotundidad que "hasta ahora, ningún afectado se ha puesto en contacto con la empresa" para interesarse por el precio de reversión "ni para solicitar nada" al respecto.

Necesidad de mediación

Los partidos políticos coincidieron ayer en la necesidad de que la Administración estatal sea el "puente mediador" entre las partes del proceso de reversión. "La clave será que la Administración medie entre las dos partes para lograr una decisión equilibrada; ver cuánto deben pagar las familias y ver qué dinero han de invertir las administraciones para dejar ese territorio en condiciones", manifestó Ramón Laplana, diputado autonómico socialista. Laplana subrayó que, tras la restitución, el Ayuntamiento de Fiscal "será el que más problemas tenga, porque si se habitase el pueblo tendría que llevar todos los servicios".

Ángel Pintado, diputado del PP, opinó que se debe hacer "una negociación de carácter social". Pintado considera "totalmente posible" el pago del precio simbólico que piden los afectados porque "la Administración tiene instrumentos para llegar a un acuerdo en el que se cumpla la ley y que la empresa no sienta lesionados sus intereses y los afectados paguen un precio de carácter social".

Para el vicepresidente intercomarcal en Huesca, Luis Estaún, hay que "condonar a los vecinos afectados y pedir un precio simbólico a la Administración" que, en su opinión, es "la responsable de llegar a una solución equilibrada" para todas las partes.

Para Javier Mur, coordinador de Política Hidráulica de CHA, "lo que ocurre es que ni la CHE ni Endesa están dando la talla porque no se habían encontrado nunca con una situación similar; saben muy bien expropiar y arrebatar, pero ahora tienen que devolver y no saben cómo hacerlo". "No importa quien sea la propietaria, cada cual tendrá que asumir la parte alícuota de la responsabilidad que tiene, Endesa es la propietaria de los terrenos pero quien empujaba para adelante el proyecto era la CHE en un intento desesperado de regular el Ara", añadió.

Adolfo Barrena, portavoz de IU, fue más tajante y dijo que "no se trata de que el Estado actúe de intermediario, es que debe asumir la responsabilidad de revertir los terrenos, sin cobrar ni siquiera un euro y con equipamientos y servicios incluidos, dado que fue quien realizó la expropiación".