La asociación de la función pública remitirá a la Fiscalía la información del caso Asael

Zaragoza. La controversia generada en torno a la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (Asael) acabará en los tribunales. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa aseguró ayer que remitirá en unos días a la Fiscalía General del Estado toda la información publicada sobre la actividad desarrollada por Jesús Solá, hasta finales de junio presidente de Asael. Según la organización, los hechos apararecidos en este periódico podrían ser constitutivos de infracción penal.

El paso que se dispone a dar la asociación de la función pública se centrará en la contratación, a través de un convenio entre el departamento de Medio Ambiente y Asael, de alcaldes, concejales y técnicos del PAR a cargo de esta última entidad. Entre ellos, responsables de Prensa de la formación aragonesista que trabajaban en la sede del partido. Según regidores consultados días atrás, su labor se limitaba a "asesorar" a Asael sobre asuntos medioambientales.

A juicio de la asociación denunciante, que hizo ayer pública en una nota su intención de acudir a los tribunales, la "posible desviación de fondos públicos a fines distintos de los previstos", a lo que se une la "contratación de personas con cargo a fondos públicos para el desarrollo de labores al servicio de organizaciones ajenas, como se señalaba en las informaciones publicadas", requieren de una "detallada investigación". Para esta organización, las pesquisas solo pueden llevarse a cabo "con las suficientes garantías por parte del Ministerio Fiscal".

La organización incidió a continuación en la necesidad de entrar a estudiar la actuación de las instituciones en esta caso. "El verdadero respeto a la legalidad en la gestión de los fondos públicos y el correcto ejercicio de las responsabilidades públicas exige", según recalcan en la nota, que los hechos sean analizados "desde las exigencias del correcto funcionamiento del Estado de Derecho y de la defensa de las instituciones públicas y del interés general".

La Asociación en Defensa de la Función Pública remarcó asimismo que las responsabilidades en las que "puedan incurrir" quienes "ejercen funciones públicas, sean políticas o administrativas, en el seno de las instituciones" deben ser "debidamente delimitadas", con el objetivo de "preservar la credibilidad" tanto de las propias instituciones como "del conjunto de las personas que trabajan en ellas de forma honesta".

"Creemos que los ciudadanos han de tener la certeza de que todas las actuaciones contrarias a las exigencias de legalidad en el desempeño de cargos públicos serán investigadas, con independencia de la posición que ocupen sus responsables", concluye la asociación.

El Gobierno de Aragón se ha negado repetidamente a hacer públicos los convenios que mantiene con Asael, a raíz de que saliera a la luz el controvertido acuerdo entre el Instituto Aragonés del Agua (IAA), dependiente de Medio Ambiente, y la asociación de entidades locales. Valorado en algo más de 200.000 euros anuales, ha servido desde 2007 para pagar el sueldo a ediles y técnicos del PAR, mientras que poco más se ha sabido de su aplicación práctica.

Por otro lado, también ha sido controvertida la contratación por parte del ex presidente de Asael de su chófer a cargo de una asociación contra la violencia doméstica, la Red Liedra, una organización asimilada de facto a la de entidades locales, con su misma sede y presidente. Jesús Solá no ha desvelado sin embargo cómo pagaba su coche de trabajo.