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Aragón

TERRORISMO

Javier Zaragoza: «La carta del grapo Silva solo puede servir para tranquilizar a la familia de Cordón»

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional cree que la confesión del terrorista permite conocer las condiciones en las que se produjo la muerte del empresario aragonés.

Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, en su despacho.
Javier Zaragoza: «La carta del grapo Silva solo puede servir para tranquilizar a la familia de Cordón»
ENRIQUE CIDONCHA

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cree que la carta enviada por el miembro de los GRAPO Fernando Silva Sande a la familia de Publio Cordón solo puede servir «para tranquilizarla» respecto a las condiciones en que se produjo la muerte del empresario. En concreto, sobre si sufrió malos tratos durante su cautiverio y sobre el lugar donde enterraron su cuerpo, en el Mont Ventoux, en la provenza francesa. El terrorista, en la carta remitida a la familia Cordón el pasado jueves desde la prisión de Soto del Real y publicada ayer por HERALDO DE ARAGÓN, cuenta que se cayó desde un tejadillo cuando intentó huir.

La declaración efectuada por el grapo a primeros de 2009 en el Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional está todavía bajo secreto sumarial. Pero la familia dio permiso para hacer pública la misiva. Su abogada, Natalia Crespo, explica que la intención al enviar la carta «era vivir en paz» y «trasladar a la familia Cordón la verdad de lo que pasó en el secuestro». «No va a obtener beneficios de rebajas de pena», agregó Crespo.

Silva tiene condenas firmes por varios atentados y tiene abierto en la Audiencia Nacional un proceso por el último zulo que se descubrió en Francia, debido a su confesión. Su primera condena firme es de 28 años de cárcel por el secuestro de Cordón y está ratificada por el Tribunal Supremo.

El secuestro de Publio Cordón supuso el final de los GRAPO. Ni el Gobierno del PP pudo cerrar en 1997 un acuerdo por su disolución, ni los 38 presos de la banda terrorista obtienen un trato de favor en los centros penitenciarios. Como los más de 500 reclusos de ETA, los grapos integran el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), y su régimen de vida supone tener las comunicaciones intervenidas, unas medidas de vigilancia especiales en los traslados de centros y ser objeto de la medida de dispersión por las prisiones.

 

Carta controlada

Por ese motivo, la carta remitida por Silva a la familia Cordón estaba controlada por Instituciones Penitenciarias. El grapo de origen gallego está todavía en la prisión de Soto del Real porque tiene pendientes varias causas judiciales en la Audiencia Nacional. Fuentes penitenciaras señalan que con estas penas, los tribunales «suelen aplicar la doctrina Parot», que supone el cumplimiento íntegro de 30 años de prisión. Ese es el panorama al que se enfrenta el terrorista Silva Sande.

De hecho, Enrique Cuadra Echeandía, el jefe del comando que secuestró a Publio Cordón y fue condenado a 27 años (además de los 34 años impuestos por el asalto del furgón de Prosegur en el barrio Monsalud), ya está en el régimen de la doctrina Parot. Está ingresado en la prisión de Sevilla y padece problemas de salud. Fue uno de los grapos con los que el Gobierno del PP negoció para la disolución de la banda terrorista, aunque el secuestro de Cordón impidió el acuerdo.

Entre los 38 presos de los GRAPO, destaca el líder, Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, que cumple una pena total de 10 años y 9 meses. El Tribunal Supremo le impuso siete años como autor por omisión de la detención ilegal de Publio Cordón. Está interno en la prisión de Castellón y saldrá en libertad en el año 2017, según explicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias.

La diferencia de los GRAPO con los presos de ETA es que «no gozan de apoyo social», «no suelen provocar problemas» ni disponen de «un equipo de abogados», detallan estas fuentes. Algunos de los grapo han sido trasladados a Galicia para cumplir la pena cerca de su familia porque se tuvo en cuenta su salida de la organización y su colaboración con los tribunales.

Para que el beneficio de acercamiento a su tierra alcance a Fernando Silva Sande tendrá que haber saldado la mitad de su pena (es decir 15 de los 30 años que deberá cumplir íntegramente), mostrar su arrepentimiento y colaborar en la investigación del secuestro. En estos dos últimos extremos sí que ha dado muestras de ayudar a la Justicia.

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