El pacto alcanzado entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de Cataluña, Artur Mas, generó ayer indignación en los partidos aragoneses que denunciaron «el trato de favor» recibido por la comunidad vecina. Mas consiguió arrancar a Zapatero el compromiso de autorizarle 2.000 o 2.500 millones de deuda pública catalana y la promesa de recibir en 2011 algo más de 750 millones en aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña, que obliga a un porcentaje determinado de inversión estatal (el 18%) en la comunidad y que no se había cumplido.

Aragón dispone de un artículo similar en su norma estatutaria al que se ha hecho caso omiso desde que se aprobó en 2007, pese a que se ha reclamado -sin éxito- en la comisión bilateral con el Estado. La disposición adicional sexta establece que para fijar las inversiones en la comunidad, se ponderarán entre otros la superficie, los costes diferenciales de construcción derivados de la orografía y su condición de comunidad fronteriza y se incorporarán criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas más despobladas.

El vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, advirtió de que Artur Mas «hace honor a su apellido». «Se lleva inversiones, autorización de deuda... y mientras, aquí, no se desdobla la N-232», lamentó Biel, que aseguró que «todos lo intentamos pero no lo conseguimos». Fuentes de Vicepresidencia reiteraron que el Estado «ningunea» a Aragón y recordaron que la bilateral no se ha reunido desde finales de 2009 (en algunos casos porque Vicepresidencia se negó) y los acuerdos que se alcanzaron «no se han cumplido». Entre ellos, los que hacían referencia a las inversiones del Estado en el territorio y la obligación de informar sobre la ejecución presupuestaria anual para establecer compensaciones. El portavoz parlamentario del PAR, Javier Allué, incidió en que «el Estatuto debería bastar para que Aragón tenga el peso específico que debe tener y que los mecanismos de bilateralidad deberían conducir a lograr lo mismo que Cataluña». No obstante, consideró que para conseguirlo «hace falta un presidente del PAR».

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, no quiso hacer valoraciones. En su lugar y en representación del PSOE, la diputada del Congreso Pilar Alegría -con menos dureza que Biel- justificó el pacto catalán en la posibilidad que da la ley de endeudamientos excepcionales siempre que se presente un plan de reequilibrio financiero y se mostró «partidaria» de cumplir los Estatutos. En esta línea, insistió en que ya se ha reivindicado el cumplimiento del de Aragón en la comisión bilateral y a través del vicepresidente.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, vinculó el acuerdo con «la supervivencia de Zapatero» y recriminó al presidente del Gobierno que «siga discriminando a los ciudadanos y pensando en los de primera y segunda». También señaló a otros culpables: Iglesias y el secretario de Estado Víctor Morlán. «Iglesias sigue teniendo nulo peso político y lo que se constata es que los catalanes van por vías de comunicación mejores que los aragoneses».

José Luis Soro (CHA) criticó los «bandazos» de Zapatero. Respecto a lo del Estatuto, dijo: «No hubo dinero para pagar las mermas, ni para desdoblar la N-232, pero sí para Cataluña». También censuró que la «DGA no exija nada y trague con todo».

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, advirtió de que el pacto con Cataluña es «una compra de votos» y que «no es de recibo que las normas se apliquen solo a unos». Zapatero, añadió, «vuelve a demostrar su falta de previsión».

(Más información en página 23)