El Gobierno de Aragón ha indemnizado con 19.711,45 euros a un paciente por las secuelas sufridas tras un intervención de prótesis de cadera, que se llevó a cabo en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, ha informado hoy la Asociación el Defensor del Paciente.

Los hechos se remontan al 8 de junio de 2006, cuando Julián C.T., de 74 años, fue ingresado en Urgencias del Miguel Servet tras sufrir una caída, donde fue intervenido tras ser diagnosticado de fractura fasicervial de fémur izquierdo, ha informado en un comunicado el abogado Ricardo Agoiz, de los servicios jurídicos en Aragón de la Asociación el Defensor del Paciente.

La evolución no fue satisfactoria al producirse emigración del tornillo cefálico por lo que se volvió a intervenir el 23 de octubre del mismo año, agrega el letrado.

Dos días más tarde se le extrajo el clavo y se le colocó una prótesis total de cadera, en la que, posteriormente, el paciente tuvo problemas de luxaciones, por lo que se volvió a intervenir.  Además sufrió infecciones hospitalarias de "escherichia coli", "acinotobacter" y "SARM", explica el abogado.

Por otro lado, el 9 de mayo de 2007 el paciente volvió a acudir a Urgencias por sangrado en la cicatriz de la operación de cadera. El médico manifestó la existencia, en mitad de la cicatriz, de un orificio de un centímetro de diámetro, por donde evacuaba la hemorragia, agrega el comunicado, que señala que posteriormente fue remitido al Servicio de Rehabilitación.

Con fecha 14 de junio de 2007, Julián C.T., asistido por los servicios jurídicos en Aragón de la Asociación el Defensor del Paciente, interpuso una Reclamación en Vía Administrativa contra el Gobierno de Aragón por la asistencia sanitaria recibida.

Como resultado de tal Reclamación, se determinó en el Expediente Administrativo que, las infecciones sufridas por el paciente, por lo frecuentes de las mismas, debieron haber sido objeto de advertencia formal en el documento de Consentimiento Informado que, a esos efectos, debió habérsele proporcionado. Con esta conclusión, se procedió a realizar una estimación de la Reclamación Administrativa, fijando una indemnización de 19.711,45 euros.