"¿Cree que a este gobierno le gusta que una persona que ha estado en la cárcel y está imputada por gravísimos delitos esté dirigiendo un ayuntamiento?". El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, respondía ayer con esta pregunta retórica a las insistentes peticiones de PP y CHA de que el Ejecutivo intervenga en el municipio de La Muela, donde actualmente sigue de alcaldesa María Victoria Pinilla, acusada de once delitos. El presidente recordó que la inhabilitación de un cargo público solo la puede pedir un juez. Contestaba así -durante la sesión de control del pleno de las Cortes- a dos preguntas de PP y CHA sobre la Operación Molinos. Iglesias, además, advertía de las dificultades para disolver un ayuntamiento y recordó que solo ha ocurrido una vez en la historia de la democracia, en Marbella.

El presidente de Aragón trató de defender constantemente la desvinculación del Ejecutivo de este caso y llegó a decir que se ha cambiado toda la legislación referente al urbanismo y a la ordenación del territorio a raíz de este caso, pese que las normas ya estaban en tramitación cuando se destapó el caso. "Tenemos un ayuntamiento con un problema que no tiene ninguna relación con este gobierno" o "a este gobierno no se le ha acusado de nada ni se le ha imputado nada" fueron algunos de los argumentos que utilizó Iglesias.

No obstante, hay que recordar que un alto funcionario de la DGA, el subdirector provincial de Ordenación del Territorio Carlos Martín Rafecas, fue imputado por un presunto delito de tráfico de influencias el 19 de marzo de 2009. Cinco días después, el consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, tomaba cartas en el asunto y decidía apartarlo de la ponencia técnica de la comisión (previa a la reunión). Además, varios miembros del Ejecutivo aparecen en las escuchas telefónicas de la Policía.

Pero Iglesias insistió en sus tesis de que la actitud del gobierno es la de "colaborar, respetar y ayudar a los jueces y exigir que se llegue hasta el final y se aplique la ley". Por eso, pidió paciencia.

Sin embargo, PP y CHA atacaron al presidente por "no querer dar explicaciones políticas" (ha rehusado comparecer 15 veces por este asunto y solo responde a preguntas obligadas). La portavoz adjunta del PP, Rosa Plantagenet, llegó a decir que "la inacción política está legitimando la corrupción" y exigió que dé ejemplo. Además, solicitó una comisión de investigación "para conocer las responsabilidades políticas, no penales".

En esta línea, también se pronunció la presidenta y diputada de CHA, Nieves Ibeas, que exigió al Gobierno que actúe "para devolver la confianza en la clase política y, por dignidad, porque parece que todo vale en política". Pero también lanzó graves acusaciones: "Usted no ha hecho cumplir la ley, si no, no hubiera pasado lo que ha ocurrido en La Muela". Y advirtió a Iglesias de que negarse a comparecer "no hace más que empeorar las cosas y sembrar dudas". Iglesias avisó que no iba a aceptar "insinuaciones, ni medias verdades".

Con estas tensas intervenciones comenzó un pleno que acabó igual que empezó, con La Muela como protagonista. Se trataba de una pregunta de CHA al consejero de Obras Públicas sobre el cese de Martín Rafecas. El debate giró en torno a los defectos en la formulación de la pregunta. Al final, Vicente reconoció que se le había apartado el 24 de marzo, pero aclaró que no era un puesto de libre designación. El diputado de CHA Bizén Fuster destacó la influencia de la ponencia técnica previa a la comisión (por donde pasaron los planes de La Muela), que "decide el 95%" de los asuntos.