El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, anunció hoy que su Ejecutivo actuará con "seriedad y precisión", ante el acuerdo de llevar agua del Ebro a Barcelona, y evitó pronunciarse sobre el mismo a la espera de conocer los informes que ha ordenado a los servicios jurídicos para determinar si es un trasvase.

Iglesias hizo estas declaraciones durante una visita a la localidad de Morata de Jalón y a la fábrica de cementos Cemex, en un municipio en el que las calles están salpicadas con pancartas en ventanas y balcones en contra de lo que sus vecinos califican como "trasvase", la derivación de aguas del Jalón para llenar el futuro embalse de Mularroya.

Tras la visita oficial y antes de emprender viaje de vuelta a Zaragoza, preguntado sobre si considera que ya se ha producido un acuerdo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat que afecta a aguas de la cuenca del Ebro, Iglesias se limitó a afirmar que lo que se ha producido es "una reunión bilateral".

Declaró que el Ejecutivo aragonés ha pedido información, porque "en este tema queremos actuar con serenidad y precisión", aseguró que esa es la "responsabilidad" del gobierno que preside y subrayó que "es un tema de suficiente entidad como para hacer las cosas bien hechas".

Iglesias se refirió a la "tradición", a los "compromisos" de Aragón sobre las aguas del Ebro y a las "obligaciones inherentes al propio Estatuto de Autonomía", y afirmó que "en esa línea vamos a responder".

Evitó expresar una posición política sobre el trasvase de aguas a Barcelona y dijo que él y su gobierno se pronunciarán al respecto cuando tengan "todos los informes".

"A partir de ahí -afirmó- tomaremos las decisiones que correspondan, que, en cualquier caso, estarán de acuerdo con lo que pensamos, serán coherentes con las posiciones que hemos mantenido, y vendrán obligadas, como es natural, por el propio Estatuto de Autonomía".

Marcelino Iglesias dijo que habló con responsables del Gobierno central antes de que tuviera lugar la reunión con la Generalitat, no después, y dijo que se ha reclamado "la comunicación oficial" del acuerdo alcanzado, porque "es lo que necesitamos" para que el Gobierno aragonés actúe "con responsabilidad y haciendo caso a nuestro Estatuto de Autonomía".

El presidente efectuó estas declaraciones después de que su Gobierno, en una reunión extraordinaria celebrada este miércoles, reiterara en una declaración institucional su oposición al trasvase y aprobara encargar a sus servicios jurídicos la elaboración de un informe para determinar si el proyecto de transferencia de agua a Barcelona es jurídicamente un trasvase.

Esta es una de las tres medidas adoptadas por el Gobierno aragonés, tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno central y la Generalitat para transferir agua procedente de los excedentes de los regantes del delta del Ebro al área metropolitana de la capital catalana.

Las otras dos son: instar a la administración general del Estado a que aporte con carácter de urgencia toda la información sobre el proyecto, del que tienen conocimiento sólo por los medios de comunicación, y a las Cortes autonómicas que se inicie la elaboración del informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía.

Este artículo obliga a los poderes públicos de la Comunidad a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras".