Blog - Tinta de Hemeroteca

por Mariano García

INVERSIÓN EN CAG

Iglesias defiende la vigencia de su apuesta aeronáutica pese a los fracasos cosechados

El presidente minimiza la investigación de 26 contratos de la DGA por el Tribunal de Cuentas, al que ofrece su "intensa" colaboración. PP y CHA le acusan de no dar la cara pese a la gravedad de los hechos.

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, defendió ayer la vigencia de su proyecto aeronáutico pese a los fracasos cosechados en la fábrica de avionetas de Villanueva de Gállego, en la que se han perdido más de 12,2 millones de euros en dos aventuras empresariales consecutivas. Iglesias aseguró categórico que "no va a renunciar" a este sector industrial estratégico minutos después de achacar su descalabro a la crisis económica, aunque Composite Aeronautic Group (CAG) ya estuviera al borde de la quiebra con antelación.


La polémica gestión de los fondos públicos en las sociedades de capital riesgo de Savia Capital Inversión, así como las supuestas infracciones penales detectadas por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en 26 contratos de la DGA de 2004 y 2005, centraron ayer por segundo día consecutivo la actividad parlamentaria. Tanto el PP como CHA obligaron a Marcelino Iglesias a dar la cara, para lo que recurrieron a sendas preguntas al presidente tras haber rehuido este las comparecencias monográficas del día anterior en el pleno.


Iglesias se escudó en la coyuntura económica, insistió en que la DGA no tenía la mayoría en Savia (un 41,75%) y en el hecho de que la mayoría de las empresas participadas no acaben en un fracaso para minimizar el descalabro de su proyecto aeronáutico. También quiso relativizar las pesquisas legales asegurando que lo que ha pedido el Tribunal de Cuentas son "aclaraciones" sobre determinadas "cuestiones contables".


Iglesias, tras avalar la gestión de su equipo de gobierno, acusó al PP de sobreactuar y le preguntó a su portavoz, Eloy Suárez, dónde debía poner el nivel de una acusación política, "en la sospecha infundada, cuándo hay imputaciones o cuándo deciden los tribunales".


Y como ya hizo un día antes Larraz, pretendió desviar la atención poniendo el acento en cómo se habían filtrado actas de los consejos de Savia o las actuaciones jurídicas del Tribunal de Cuentas, lo que provocó la protesta de los diputados del PP.


El portavoz popular, Eloy Suárez, fue especialmente duro y achacó al presidente que evite comparecer por ambos asuntos y envíe a Larraz a dar explicaciones. "Si le quedaba algo de credibilidad política la acaba de perder. Lamentablemente, se va a ir de este gobierno manchado por la mentira y bajo la lupa del ministerio fiscal", sentenció.


También cuestionó que Larraz hubiera "enterrado" dinero público para tapar la quiebra de la empresa aeronáutica CAG. "Usted no tiene nada que decir y da la callada por respuesta", le dijo Suárez a Iglesias, al que responsabilizó de todo lo ocurrido por la actitud que mantenía. Y tras recodar que los 26 contratos que investiga la Fiscalía del Tribunal de Cuentas suman casi 500 millones de euros, concluyó que lo único que le importa al líder socialista es "llegar vivo al 22 de mayo", la fecha fijada para las próximas elecciones locales y municipales, "y que la maquinaria electoral socialista también llegue íntegra".


La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, también se mostró beligerante y subrayó que un presidente "a la altura de las circunstancias" hubiera salido el primer día a dar la cara en asuntos de "semejante gravedad". "Viene por que no le queda más remedio", le espetó la portavoz nacionalista, antes de acusarle de presidir un gobierno "que va a la deriva, del sálvese quien pueda, incapaz de poner sobre la mesa una actuación coordinada para hacer frente al descrédito que acumula".


A su juicio, la DGA dedica más tiempo "a tapar los fracasos, los problemas de Savia, los despilfarros de millones de euros" que a resolver la crisis y crear empleo. Ibeas puso el énfasis en la actuación del Tribunal de Cuentas, que ha dejado "muy tocado" al Ejecutivo porque es "muy grave" que actúe la sección de enjuiciamiento y que, de forma paralela, haya solicitado testimonio de particulares sobre determinados contratos para dilucidar si puede darse "posibles responsabilidades penales".