Nadie la quería como invitada, pero la crisis económica se ha instalado de lleno, y muy rápidamente, en la sociedad española y aragonesa, así que el debate político en el segundo año de la VII Legislatura se va a centrar impepinablemente en ese macroproblema, con el agravante de que nadie sabe a ciencia cierta cuándo se disiparán tan oscurso nubarrones.

Poco antes del verano, la discusión era si había crisis o una suave desaceleración. En el próximo debate sobre el estado de la comunidad (del 24 al 26 de este mes), solo unos pocos meses después de aquella disquisición, se comprobará la celeridad con que los hechos han resuelto cualquier duda. Los discursos que preparan tanto los socios del Gobierno PSOE-PAR como los grupos de la oposición dedicarán un porcentaje abrumador de su tiempo a diseccionar la crisis económica y las medidas que conviene abordar para superar el trance lo antes posible.

Para la coalición encabezada por Marcelino Iglesias y José Ángel Biel se trata de un cambio de escenario radical respecto al que ha venido dando cobertura a su pacto. El viento sopla ahora a la contra y a los capitanes de la nave les toca aguzar el ingenio para evitar la zozobra o percances mayores. Con un recorte de ingresos estimado entre 300 y 400 millones de euros, el Ejecutivo tendrá que recurrir a fórmulas crediticias y una fuerte contención del gasto si pretende mantener un nivel inversor suficiente para animar determinados sectores productivos.

Nadie duda que en el segundo año de Legislatura las cosas van a ser muy distintas de lo que han sido en los últimos nueve. Con un PSOE que era más remiso a llamar las cosas por su nombre, fue el vicepresidente Biel quien antes advirtió, en la pasada primavera, que el descenso de la actividad productiva obligaba a diseñar nuevos planteamientos presupuestarios.

Por lo adelantado hasta ahora, la intención básica del Gobierno aragonés es adoptar medidas que incentiven la actividad e inversión privada y, sobre todo, impulsar la obra pública para intentar equilibrar el agujero laboral que puede acarrear la caída libre que se está produciendo en el sector de la construcción, un solo motor al que se había confiado casi todo en la última década, desde la financiación de los entes municipales hasta el importante descenso de las cifras de paro.

Sin embargo, la participación del Estado resultará clave en ese objetivo, ya que, a pesar de haber aumentado mucho en los últimos ejercicios, la capacidad inversora del Ejecutivo autonómico, no tiene parangón con las posibilidades del Gobierno central, que maneja a su antojo los recursos destinados a infraestructuras de comunicación y obras hidráulicas.

Toca, más que nunca, convencer a Moncloa de las necesidades de la comunidad, justamente en un año donde enjugar el déficit que arroje la Expo formará parte de una negociación extremadamente complicada. Conviene recordar que desde el ámbito estatal no cesan de llegar llamadas de alarma por sus propias estrecheces, como la advertencia de que los fondos de garantía para el desempleo están amenazados ante el avance del paro.

La clausura de la Expo constituye un arma de doble filo. El Gobierno central puede entender que ha cumplido con la comunidad lo suficiente como para regresar a los presupuestos raquíticos de los años anteriores a la ejecución de la línea de alta velocidad. Sin embargo, también es factible una visión en la que parte de los fondos liberados con el final de la muestra se destinen a alguna de las numerosas inversiones que Aragón necesita.

Solo en el apartado de carreteras, donde el departamento de Obras Públicas ha lanzado un plan para modernizar la red autonómica similar al plan estatal para la renovación de autovías de primera generación, la participación financiera del Estado resulta esencial si se quiere sacar adelante una serie de proyectos de gran envergadura, como son la segunda autopista autonómica (Cariñena-Gallur) y el Quinto Cinturón (desde La Muela hasta la autopista autonómica del Ebro). En ambos casos, los estudios del Gobierno aragonés explicitan que sería indispensable una participación estatal mínima en torno al 30% para garantizarlos.

Los responsables de la DGA tienen también en mente la promoción de vivienda protegida como fórmula de garantía para compensar el frenazo inmobiliario. Se trata de un sector con mayor creación de empleo que la obra pública y con una repercusión económica más diversificada. En la recámara, el PSOE-PAR guarda también el impulso al proyecto ya anunciado, aunque en mantillas, de urbanizar una segunda plataforma logística en Zaragoza.

El gran temor, recogido tanto por PP como CHA e IU, es que la factura de esas previsiones las paguen las políticas sociales. El incumplimiento de la Ley de Dependencia es el ejemplo perfecto.