El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha abierto un expediente de oficio para informarse por las gestiones que realiza el Gobierno aragonés para solucionar la injerencia en las competencias de la comunidad llevada a cabo por Cataluña al incluir varios municipios aragoneses entre los afectados por las servidumbres del aeropuerto de Lérida.

En el decreto publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida-Alguaire, se incluyen entre los municipios afectados, diez de la provincia de Huesca como Albelda, Alcampell, Altorricón, Binéfar, Esplús y Monzón.

Ello supone "graves afecciones para estos territorios" como las limitaciones para ubicar instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones utilizadas como refugio de aves en régimen de libertad, según informa el Justicia en un comunicado.

García Vicente considera que se ha producido una "injerencia indebida" en las competencias propias y exclusivas de la Comunidad Autónoma, tanto en las municipales como en las autonómicas, por parte de Cataluña, lo que supone un "grave incumplimiento del principio de territorialidad" contenido en la Constitución española y en los Estatutos de ambos territorios.

Por ello ha querido mostrar su preocupación mediante la apertura de un expediente de oficio y solicitar información al Gobierno de Aragón sobre las actuaciones previstas para corregir el problema y evitar limitaciones futuras que, en el mantenimiento de la actual situación, pueden generarse.