La DGA se plantea revisar de oficio la licencia a la empresa de 'helibike'
Sigue adelante el expediente contra el Agente de Protección de la Naturaleza que denunció la actividad en Bielsa.
El Gobierno de Aragón se está planteando la revisión de oficio de la autorización administrativa otorgada en 2017 a la empresa Altituderides, la primera que empezó a operar en la Comunidad dedicada a la modalidad deportiva del 'helibike', consistente en el traslado de bicicletas en helicóptero hasta las cumbres del Pirineo para realizar descensos de montaña. Su práctica en el valle de Bielsa ha generado polémica y ha llegado incluso a las instituciones.
El diputado de Izquierda Unida en las Cortes, Álvaro Sanz, preguntó al Gobierno después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón aceptara un recurso de la empresa y respaldara la vigencia de la autorización que el servicio provincial de Agricultura de Huesca le otorgó en 2017 para operar en las comarcas del Sobrarbe y Ribagorza, a pesar de que luego el Inaga le exigiera un estudio de impacto ambiental para evaluar los efectos de la actividad.
En su respuesta, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, le dice que una vez conocida la sentencia que confirmó la vigencia de la autorización, "se está analizando jurídicamente" la posibilidad, contemplada en la propia resolución judicial, de "iniciar un procedimiento de revisión de oficio". Los jueces indicaron al Gobierno que el permiso se podía revisar si se consideraba que no se debió haber concedido "o que los informes ambientales no era los exigidos".
Además, el Gobierno de Aragón ha anunciado su intención de regular la actividad del 'helibike', después de reconocer la existencia de "un vacío normativo" en esta modalidad de turismo activo. El departamento de Turismo y Medio Ambiente de la DGA ya ha mantenido reuniones internas, junto con el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y los tres servicios provinciales.
La práctica ha llegado incluso hasta el Congreso de los Diputados de la mano del parlamentario aragonés de Sumar Jorge Pueyo, quien propone al Gobierno español abordar su prohibición como han hecho Francia o Alemania.
El diputado de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón preguntó también por la situación del expediente incoado a un Agente de Protección de la Naturaleza que denunció la actividad. El consejero ha respondido que el expediente está en fase de instrucción, en concreto en el periodo de prueba y cuando finalice se podrán presentar alegaciones. Y respecto a la pregunta de si existe alguna instrucción para la actuación de los APN respecto a esta actividad, Manuel Blasco es tajante: "No".
Tras la sentencia del TSJA el Gobierno de Aragón archivó el expediente sancionador que pesaba sobre Altituderides. La firma se enfrentaba desde 2021 a una posible multa de 240.000 euros por haber desarrollado una actividad sin autorización, un argumento que echaron por tierra los jueces.
El expediente que sí sigue adelante es el que pesa contra el APN que denunció a la empresa y que se enfrenta a una posible sanción de dos meses de suspensión de funciones por dos infracciones graves. El servicio provincial inició una investigación reservada a raíz de las denuncias formuladas contra él por Altituderides, que lo acusó de persecución y acoso. Además, se le reprocha que informó a terceros de que la actividad no contaba con autorización.
