El pleno de la Diputación Provincial de Huesca ha aprobado ese jueves por unanimidad el Plan de Concertación Económica Municipal para 2023 cuyo objetivo es apoyar a los pequeños municipios generando oportunidades laborales en el medio rural. Está dotado con tres millones de euros destinados a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

Los beneficiarios podrán financiar el gasto corriente realizado en 2023 derivado de la contratación de personal, autónomos o empresas para el mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios municipales. También serán subvencionables los gastos relativos a programas informáticos de contabilidad, inventario o de padrón municipal, así como los derivados de la utilización de aplicaciones informáticas para la implantación de la administración electrónica.

La diputada delegada de Asuntos Generales, María José Vicente, ha destacado que “este plan alivia a los municipios en el pago de nóminas pudiendo destinar esos recursos a otros temas y permite también que las personas contratadas puedan seguir viviendo en el medio rural”.

El plan hace un reparto equitativo del presupuesto atendiendo a criterios de población: cada municipio recibirá 7.200 euros (lo que suponen 1.404.000 euros del total), a lo que se suman 8 euros por habitante (otros 714.064 euros) y el resto, 881.936 euros, quedarán repartidos en función del número de entidades singulares de población. 

El equipo de gobierno del PP y el PSOE también han mostrado unanimidad para aprobar una moción de los populares solicitando al Gobierno de Aragón modificación el Fondo Aragonés de Financiación Municipal "para que sea más justo y eficaz" y al Gobierno central una nueva ley de Financiación Local que garantice la suficiencia económica de las corporaciones locales; y otra de los socialistas para prestar atención técnica y jurídica a los 12 ayuntamientos afectados por la línea de alta tensión proyectada entre Laluenga e Isona que evacuará energía desde una decena de parques eólicos en la provincia de Huesca hacia Cataluña.

Sin embargo, la calma y el consenso se han roto en el debate de sendas mociones presentadas por PP y PSOE para hablar de la situación política en Cataluña. Solo ha salido adelante la primera, gracias al voto de calidad del presidente, Isaac Claver, ante la ausencia del vicepresidente, Ricardo Oliván. En ella se rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito, "porque sería una indignidad este perdón a cambio de los votos para la investidura", ha advertido el portavoz, Fernando Torres, para quien "la solución es el diálogo, pero entre los que sí creemos en la igualdad". 

Mientras, los populares han echado abajo otra propuesta de los socialistas en la que se instaba al Gobierno a continuar haciendo del diálogo, dentro del marco constitucional, la herramienta para mejora la convivencia con los catalanes. El portavoz del PSOE, Antonio Biescas, ha criticado que hasta ahora "el PP no ha dado ninguna solución al conflicto con los independentistas, solo ha tenido una actitud rígida y frentista".

También el PP ha rechazado una moción socialista que pedía al Gobierno de Aragón el mismo trato para todos los municipios después del anuncio de Jorge Azcón de incrementar los fondos para las ciudades de Teruel (42,8%) y Huesca (40%). Fernando Sánchez ha criticado a los populares de "perjudicar a los pueblos más pequeños" y Celsa Rufas le ha acusado de "faltar a la verdad" y ha recalcado que "la financiación local es competencia del Gobierno de España".