Dos altoaragoneses, uno de ellos español (Jesús Manuel R. D.) y otro de nacionalidad ucraniana (Igor K.), se enfrentarán este mes en la Audiencia Provincial de Huesca a seis años de prisión cada uno por ser miembros de una presunta organización criminal especializada en estafas a través de compras en internet mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito. El montante estafado podría superar los 575.000 euros en toda Europa. 

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, los dos acusados, con plena voluntad y conocimiento de su actividad ilícita, cooperaron y ejecutaron actos en el seno de una red que diseñó un complejo sistema de estafas, difícilmente detectable.  

El 'modus operandi' consistía en obtener por medios que no han quedado determinados los datos de tarjetas bancarias de terceras personas, sin su consentimiento. Con ellos, adquirían, a través de páginas web, objetos de tecnología (tabletas, portátiles, cámaras de fotos...) y pedían enviarlos al domicilio de otras personas a las que les ofrecían contratos de trabajo a cambio de recepcionar y reexpedir las mercancías. 

Una vez que estas personas contratadas recibía un objeto, les daban instrucciones para mandarlo a un miembro de la organización. Y para ello, les proporcionaban una etiqueta que había sido confeccionada a través del sistema 'Internet Shipping' de la empresa UPS. El envío se abonaba aportando datos falsos u obtenidos de forma fraudulenta de tarjetas bancarias.

Tras la recepción de la mercancía por alguien de la organización, el producto se ofrecía a la venta a terceros de buena fe en plataformas como Amazon o Segunda Mano. Cuando se producía una venta, el importe se cobraba en una cuenta controlada por integrantes de la organización. El envío al destinatario final se hacía, de nuevo, a través del sistema 'Internet Shipping' de UPS. 

Se calcula que el importe estafado por el uso fraudulento de tarjetas bancarias en toda Europa podría ascender a más de 450.000 euros, de los cuales 21.000 corresponderían a perjudicados en España. A ello habría que sumar otros 127.000 euros del importe de los portes no cobrados en los envíos llevados a cabo por UPS. Se han contabilizado 35 compras solo en España y decenas en toda Europa. 

La Fiscalía tipifica los hechos como un delito de estafa agravada por una pluralidad de perjudicados y considera a los dos acusados culpables como cooperadores necesarios. Pide seis años de cárcel para cada uno, además de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros. Además, para el procesado de nacionalidad ucraniana, solicita su expulsión de territorio español una vez cumplida dos terceras partes de la condena con prohibición de regreso en el plazo de 10 años. Por último, reclama el pago de una indemnización de 26.278,7 euros a la empresa de transportes por la cantidad defraudada en España.