Montanuy pleitea con Endesa por el IBI del mayor complejo hidroeléctrico del Pirineo

La Audiencia Nacional permite al ayuntamiento ser parte en el proceso entre la compañía y el Ministerio de Hacienda.

La presa de Llauset, una de las infraestructuras del contencioso.
La presa de Llauset, una de las infraestructuras del contencioso.
Javier Blasco

El Ayuntamiento de Montanuy, el que más dinero ingresa en la provincia por los impuestos que graban a las presas y los saltos hidroeléctricos, pleiteará contra Endesa para evitar una rebaja en los 700.000 euros anuales que le reporta la presencia en su municipio del complejo Baserca-Moralets. Esta última central, con 219 megavatios, es la de mayor potencia del Pirineo y la segunda de Endesa en Aragón, solo por detrás de Mequinenza.

La Audiencia Nacional ha dado la razón al Ayuntamiento en su aspiración de ser parte en el proceso que enfrenta a Endesa Generación con la Dirección General del Catastro (Ministerio de Hacienda) por el valor de las presas y saltos. En juego está una reducción de 180.000 euros en los ingresos de este pequeño municipio de 225 habitantes censados.

La compañía, titular de las presas y embalses de Baserca y Llauset y los saltos de agua de Baserca y Moralets, interpuso una reclamación frente a la resolución del Catastro de 30 de abril de 2018 que desestimó su solicitud de corregir lo que a su juicio era una equivocación en la base imponible del impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), un IBI aplicado a presas, instalaciones hidroeléctricas y otras infraestructuras. Endesa sostiene que existe un error al incluir en el valor catastral 555.168 metros cuadrados de las pantallas impermeabilizantes, cuando a su entender solo deberían computarse 34.768.

Hasta ahora, además de Endesa, solo era parte en el proceso la administración central, pero el Ayuntamiento de Montanuy pidió comparecer. El Tribunal Económico Administrativo Central, del Ministerio de Hacienda, se lo denegó en 2019 y la entidad municipal recurrió. La Audiencia Nacional le ha dado la razón autorizando a que se persone en la reclamación de Endesa contra el Catastro. Ya falló en el mismo sentido en el caso del Ayuntamiento leridano de Vilaller, municipio vecino al de Montanuy, y afectado por el BICE de las mismas instalaciones.

El interés municipal, dicen los jueces, es "patente", pues de estimarse la reclamación el valor catastral sufriría una importante disminución que repercutiría en las arcas municipales, "además de la cantidad que deberían devolver". Y es que Endesa solicita la retroactividad, el retorno de los impuestos cobrados. En caso de atender su solicitud, eso supone para el ayuntamiento, añade la sentencia, "unas grandes sumas de dinero", desde 2013 hasta el 2017 y los años siguientes, según lo que dure el contencioso.

Los jueces concluyen que la falta de audiencia a los ayuntamientos afectados en las reclamaciones catastrales vulnera el artículo 24 de la Constitución y el principio de autonomía local.

Montanuy cobró el año pasado 690.747 euros por el BICE. Según el Ayuntamiento, la corrección del supuesto error supondría una merma en este ingreso de 180.000 euros anuales. Y si tuviera que devolverlo con carácter retroactivo habría que multiplicar esa cantidad desde 2013.

Es con diferencia el municipio de la provincia que más dinero percibe por este tributo. El segundo, Alcalá de Gurrea, cobra 478.000 euros del Ministerio de Agricultura por la presa de La Sotonera. Siguen Lupiñén (310.000) por el mismo embalse; Viacamp y Litera (254.000), por Canelles; Sopeira (201.000) por Escales; Secastilla (201.000) por El Grado; y Aínsa (200.000) por Mediano.

Fuentes de la compañía indicaron a este periódico que se intentan "adecuar las valoraciones catastrales a las realidades técnicas de las centrales, porque en la mayoría no han sido revisadas y/o actualizadas y los datos con los que catastro liquida el IBI no se corresponden con la realidad".

Por su parte, la alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza, se felicitó porque se les permita ser parte en un proceso que afecta de lleno a las arcas municipales. "Queríamos que se nos tuviera en cuenta para defender que si en su día se estableció ese valor catastral por qué se quiere cambiar ahora".

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