El Colegio de Abogados de Huesca ha dado la orden de que todos los letrados de los partidos judiciales de Boltaña, Jaca y Barbastro pasen a prestar el servicio de guardia de violencia sobre la mujer de forma obligatoria. La razón es la falta de profesionales en esas  zonas para cubrir los turnos, según ha denunciado el sindicato de abogados Venia, que critica sobre todo que además de estar obligados cobran menos y las guardias son más largas.

La  orden señala que ante la falta de letrados adscritos voluntariamente, el servicio deviene obligatorio en esos partidos judiciales, tengan o no tengan la formación especializada, que hasta ahora era un requisito indispensable. El delegado del sindicato, Jorge Piedrafita, ha anunciado que recurrirá la citada orden y reclamará a la administración de forma urgente el aumento de recursos para corregir esta precariedad. Aunque la orden parte del Colegio de Abogados, el turno de oficio es competencia de la administración autonómica.

En opinión de Piedrafita, "es un error" imponer la prestación de guardia obligatoria a todos los profesionales, tengan la especialización o no. Los de estos partidos judiciales del medio rural son los que hacen guardias de mayor duración, siete días durante las 24 horas, y por contra reciben solo 60 euros por día. Un abogado del partido judicial de Huesca está de turno dos o tres días y cobra más del doble.

Desde el sindicato se denuncia que la imposición no es la solución ante la la falta de profesionales para prestar un servicio esencial de apoyo a las mujeres del mundo rural y califica de "temeridad" obligar a profesionales sin formación especifica. La precarización se acentúa en los partidos judiciales de Boltaña y Barbastro, ya que estos prestan guardia conjunta, y por lo tanto deben hacer mayores desplazamientos, cuando se trata de un servicio que requiere de atención inmediata al centro policial y unos conocimientos especializados para asistir a la víctima en las diligencias policiales y judiciales.

Piedrafita reclama que la administración tome cartas en el asunto para que desarrollen sus funciones con las mismas retribuciones y medios que en los partidos judiciales más grandes. "Lo contrario implica seguir fiando a la vocación de los profesionales la prestación de un servicio esencial en la protección de la mujer". Y puede contribuir a la huida de los profesionales del medio rural.