Huesca
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Concluye el juicio por la violación de una anciana en Tamarite con peticiones de entre 12 y 23 años de cárcel

Los peritos de la Guardia Civil han confirmado en esta segunda sesión del juicio que los restos de sangre y semen hallados en la vivienda de la víctima pertenecen al acusado.

El acusado por la violación de una anciana en Tamarite de Litera, en imagen, no ha hecho uso del derecho a la última palabra.
El acusado por la violación de una anciana en Tamarite de Litera, en imagen, no ha hecho uso del derecho a la última palabra.
Rubén Darío Núñez

La Audiencia Provincial de Huesca ha dejado visto para sentencia el juicio contra un joven gambiano de 25 años en situación irregular por la brutal agresión sexual a una anciana en su propio domicilio de Tamarite de Litera. La Fiscalía ha mantenido su petición inicial de 17 años de prisión, mientras que las acusaciones particular y la popular las han elevado hasta 21 y 23 años, respectivamente. Por su parte, la defensa ha solicitado una pena máxima de 12 años de cárcel para su cliente. 

En esta segunda y última sesión del juicio han declarado peritos expertos de la Guardia Civil que han confirmado que las numerosas muestras biológicas halladas en la vivienda de la víctima corresponden con el perfil genético de acusado. Y es que primero se cortó la muñeca al forzar una reja y romper los cristales de la ventana por la que accedió a la casa de noche, dejando un reguero de sangre por transferencia y por goteo en varias estancias. Y luego, al consumar la agresión, dejó restos de semen en unas sábanas. Además, encontraron huellas del procesado en la propia ventana fracturada y en un cuchillo que había en la cocina. 

Ya en el turno de conclusiones, la Fiscalía ha destacado que durante el juicio se han podido ver una pluralidad de pruebas (cortes en la muñeca, una cazadora roja manchada de sangre que la anciana identificó de su agresor, las notas de proposiciones sexuales que había hecho a otras vecinas en días anteriores...) que apuntan al acusado "sin ningún género de dudas", y que el testimonio de la víctima sobre cómo se produjo la agresión había sido "veraz y persistente en el tiempo". Por ello, ha solicitado la condena máxima fijada para el delito de agresión sexual (15 años) por su especial violencia y la vulnerabilidad de la víctima; y otros dos años por el delito de tentativa de robo en casa habitada "porque el hijo lo encontró todo revuelto". 

Mientras, la acusación particular ejercida por Lucía Romeu en nombre de la familia de la anciana, ha pedido penas que suman 21 años de prisión por los delitos de agresión sexual con alevosía y abuso de superioridad, tentativa de robo en casa habitada -o subsidiariamente allanamiento de morada- y lesiones psicológicas graves "porque ha pasado de ser una mujer independiente a vivir en una residencia, ir en silla de ruedas, con un llanto continuo y que recibe la visita semanal de la psicóloga", ha resaltado.

El abogado David Arranz, de Vox, que ha ejercido la acción popular, ha pedido hasta 23 años de prisión por los delitos de agresión sexual, allanamiento de morada, lesiones psicológicas graves, daños y tentativa de robo. A su juicio, la prueba pericial es "abrumadora e imposible y de rebatir" y por ello reclama "una condena ejemplar y Justicia con mayúsculas porque son unos hechos deleznables que afectan a una persona muy vulnerable".

Por su parte, la letrada de la defensa ha solicitado la condena mínima por el delito de agresión sexual (12 años) argumentando que toda la sangre hallada en la vivienda era de su cliente y que la víctima sufrió lesiones "menos graves", según el ginecólogo que la examinó en el Hospital de Barbastro. Y ha pedido la absolución por los delitos de allanamiento "porque en todo caso lo tendría que juzgar un jurado popular al ser el competente"; de tentativa de robo "porque no se llevó nada de la casa aunque tenía joyas a su alcance"; y de lesiones "porque deberían quedar absorbidos por el delito principal de agresión sexual". También se ha opuesto a las peticiones de indemnización, que van desde los 230.000 euros de la Fiscalía a los 385.000 de la acusación particular. 

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