Jaca gana la batalla legal a la DGA para regular las viviendas turísticas
El consistorio jaqués cuenta con una regulación complementaria a la autonómica y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Huesca ha fallado dos sentencias a favor del Ayuntamiento.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca, en dos sentencias de 3 de marzo de 2022, desestima sendos recursos interpuestos por el Gobierno de Aragón contra resoluciones de la Alcaldía de Jaca en las que se desestimaba el requerimiento efectuado por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón solicitando la anulación de los decretos municipales que ordenaban el cese de actividad de viviendas de uso turístico en la ciudad por no contar con previa autorización de las respectivas comunidades de propietarios.
Desde el año 2017, el Plan General de Ordenación Urbana de Jaca exige que toda apertura de una vivienda de uso turístico (VUT) en un bloque de viviendas colectivo cuente con autorización previa de la comunidad de propietarios donde se localice. Este requisito es complementario al alta y registro que dichas viviendas deben tener del Departamento de Turismo del Gobierno de Aragón. El ejecutivo autonómico considera que el PGOU contraviene el Reglamento de Viviendas de Uso Turístico en Aragón y, ahora, el Juzgado desestima las demandas dirigidas por éste y confirma las resoluciones del Ayuntamiento de Jaca solicitando el cese de actividad de viviendas de uso turístico.
En Jaca, el ejercicio de la actividad de VUT, aun teniendo permiso del Departamento de Turismo de la DGA, carece de autorización si no hay acuerdo adoptado expresamente por la comunidad de propietarios. Ejercer la actividad sin autorización supone la comisión de una infracción urbanística grave que puede ser sancionada con multas entre 6.000 y 60.000 euros y, de hecho, el Ayuntamiento de Jaca ya ha impuesto varias sanciones al respecto.
Respecto a la regulación de las viviendas de uso turístico, cabe recordar que Aínsa fue el primer municipio de Aragón en limitar este tipo de viviendas. Una medida adoptada por el pleno a principios de este mes de marzo ante la proliferación de pisos turísticos y evitar que copen la oferta. En este caso se aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para limitar las viviendas de uso turístico hasta un número de unidades no superior al 10% del número total en un edificio. El porcentaje aumenta hasta el 20% en el casco antiguo y los núcleos rurales del municipio.
