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"Alguien debería pedir perdón por habernos devuelto un pueblo devastado"

Eva Muñoz es la tercera generación de una de las familias expulsadas del valle del Ara. Ahora cuenta en un libro, ‘Jánovas: agua y población’, el difícil camino de retorno.

Eva Muñoz, autora del libro, en Jánovas.
Eva Muñoz, autora del libro, en la puerta de la casa que habitó su abuela en Jánovas y ahora ha comprado su madre.
Mamen Pardina

"Cuando en 1984 desahuciaron a mi abuela María yo tenía 8 años". Así comienza Eva Muñoz su libro ‘Jánovas: agua y población’, donde narra el drama de la expropiación pero sobre todo pone el foco en el difícil camino de retorno, marcado por un largo y complejo proceso de reversión y por las ansias de resucitar un territorio condenado por un pantano que nunca se construyó. 

Ella es la tercera generación de una de las decenas de familias afectadas. Su abuelo, Antonio Buisán, el cartero de Jánovas, fue el último en morir en el pueblo, donde ya no pudo recibir sepultura. A su abuela María Pueyo la sacó la Guardia Civil de la casa con una orden del gobernador en los años 80 para inmediatamente empezar a derribarla. De ellos habla en su libro, editado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, que se presentará en Aínsa el día 26, prologado por Pedro Arrojo, de la Fundación Nueva Cultura del Agua y activista antiembalses, y Marisancho Menjón, actual directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón y autora de 'Jánovas: víctimas de un pantano de papel'.  

La  familia Buisán-Pueyo reconstruyó su vida en Barcelona, pero la abuela conservó la casa en Jánovas hasta 1984, y volvía a ella a pasar temporadas. Cuando Eva Muñoz acabó la carrera el destino la devolvió al Sobrarbe. "Dejamos casas, pajares y tierras en pie y hemos recuperado paredes en ruinas y campos yermos", cuenta. Según ella, los informes periciales que les obligaron a aportar valoraban las construcciones en cero euros. "Se establecieron unos precios bastante aleatorios y no iguales para todos. Aunque nos dejaron a euro el metro cuadrado, la vivienda nos va a costar rehabilitarla 200.000 o 300.000 euros y hemos gastado en abogados, peritos, registradores, notarios...".

Eva Muñoz entiende la dificultad del procedimiento administrativo, los múltiples pasos que había que dar para devolver las propiedades pasado casi medio siglo, pero critica una reversión "lenta y farragosa", un camino de retorno al pueblo "tortuoso e injusto, por que al final hemos pagado por recuperar unas ruinas y nadie tiene en cuenta todo el daño que se ha hecho y el valor perdido". "Hemos estado 50 años fuera de nuestras viviendas para algo que al final no se ha construido, en nombre del interés general, y ¿quién responde de este daño? Al menos alguien debería pedir perdón y pensar que la gente se fue de un pueblo que tenía vida, con las casas en pie, y ahora nos lo devuelven totalmente devastado".

Su abuela murió en 1999, ni siquiera conoció la noticia del descarte del embalse. "La tristeza del desarraigo le quedó a ella y a toda la generación de gente que se tuvo que marchar, porque todos quieren volver, hay un apego a la tierra y a la casa, sobre todo cuando te la quitan de manera forzosa. Fue como arrancarlos del nido", dice.

En el libro reproduce la carta que su abuelo le escribió a Franco en un intento desesperado de evitar el desahucio. "Nada puede hacer en su favor", le respondió el secretario del entonces jefe del Estado. Antonio Buisán acudió al Jurado provincial de Expropiación, lo mismo que hicieron sus hijos, 50 años después, en desacuerdo con el precio fijado por la reversión, aunque la mayor parte de los expropiados llegaron a acuerdos con Endesa.

Fue el último en morir en Jánovas, pero lo enterraron en el recién estrenado cementerio de Boltaña. "Atrás quedaban -dice Eva en su libro- aquellos años en los que aguantaron en el pueblo, a pesar de las continuas denuncias que interponía Iberduero, la empresa concesionaria, por encerrar ganado y apacentarlo en terrenos que ya estaban expropiados y con la impotencia que suponía estar resistiendo contra un enemigo arropado por el régimen franquista".

Su abuela María y el matrimonio formado por Emilio Garcés y Francisca Castillo, dos iconos de la lucha, fueron los últimos en salir. Ella, que ocupaba la casa a temporadas, la desahuciaron el 14 de febrero de 1984, ya en democracia. Narra cómo miembros de la Guardia Civil de Graus, acompañados de algunos empleados de la compañía eléctrica, se presentaron en su casa con una orden del entonces gobernador civil, Miguel Godia. Los agentes sacaron a la calle sus pertenencias y mientras tanto los trabajadores empezaron a picar los suelos de la casa, para finalmente tirar el tejado con una pala excavadora.

Años después, la noticia del descarte del pantano se recibió con esperanza, «sobre todo porque se salvaba un entorno que considerábamos que era privilegiado, el río quedaría virgen, a salvo de cualquier tipo de regulación, y luego la posibilidad de volver a recuperar nuestro patrimonio, algo que veíamos imposible años atrás", comenta Eva Muñoz. En el 2005 se descartó oficialmente la presa, pero en el 2001 ya hubo un punto de inflexión con la publicación de la declaración de impacto ambiental negativa. "Hasta entonces pensábamos que se haría el embalse, era una zona que ya no ofrecía ningún tipo de resistencia, expropiado y sin gente". 

La declaración de impacto negativa estuvo un año guardada en los cajones del Ministerio, le costó el cargo al entonces secretario general del Ministerio de Medio Ambiente Juan Luis Muriel. En 2008 se ordenó la reversión a la vista de que no se haría el pantano, una noticia "al principio acogida con ilusión, pero luego ha habido muchas piedras en ese camino", concluye la autora del libro. 

Con el grueso de la reversión ya finalizada, queda el plan de desarrollo sostenible que debía ir en paralelo, un compromiso aún pendiente. "Duerme el sueño de los justos y no se sabe en estos momentos en qué estado de tramitación está. Al no haber plan, no hay presupuesto, de forma que el Ministerio no toma las riendas de las inversiones públicas".

Las actuaciones realizadas han sido gracias a subvenciones de la DGA, y también la Diputación ayudó, por ejemplo, a rehabilitar la escuela como centro social. "También se deberían hacer en Lavelilla y Lacort y en el resto de núcleos afectados, que es casi todo el término municipal de Fiscal, porque en su día tuvieron sus afecciones", reclama. 

"No tenemos un acceso digno, no tenemos un puente por donde entrar a Jánovas, tenemos un vado provisional que se inunda cada vez que hay una riada. Hay trozos de calles urbanizadas, otras no, y se hace a través de una fundación. Lo lógico sería un plan, una administración y unas inversiones con un calendario", concluye Eva Muñoz. 

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