Aínsa fijará un porcentaje máximo de viviendas turísticas para frenar su proliferación

El alcalde dice que mientras aumentan las casas destinadas a los visitantes, las familias que quieren asentarse en el municipio no encuentran dónde vivir y los precios se disparan.

El alcalde, con tres vecinas del núcleo de Arcusa, donde el Ayuntamiento ha rehabilitado una propiedad municipal como vivienda y está en proceso de adecuar otra.
El alcalde, con tres vecinas del núcleo de Arcusa, donde el Ayuntamiento ha rehabilitado una propiedad municipal como vivienda y está en proceso de adecuar otra con la intención de atraer a nuevos vecinos.
Javier Navarro

El Ayuntamiento de Aínsa tiene previsto limitar las viviendas de uso turístico fijando un porcentaje máximo respecto al total del parque inmobiliario del municipio. La medida se aprobará con carácter inicial en el pleno del próximo mes de marzo, a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La cifra está por determinar, pero la idea, afirma el alcalde, Enrique Pueyo, es que sea "un porcentaje que ya esté superado en estos momentos para que no se puedan crear más de las que hay". Actualmente están registradas 32 (con 236 plazas) de un total de 1.785 viviendas, es decir, casi un 1,8%.

La medida tiene por objeto garantizar alojamiento, a precios asequibles, a aquellas personas que quieren instalarse en el municipio y que no lo hacen por falta de un lugar donde vivir, mientras proliferan los pisos turísticos, una modalidad más rentable para los propietarios.

Según el alcalde, se está convirtiendo en "un lastre". "Genera presión urbanística hacia el alquiler, lo encarece y reduce la posibilidad de arrendamientos de larga duración, lo que hace que haya familias que tengan dificultades para encontrar casa". Tampoco crea empleo, dice Enrique Pueyo, a diferencia de otro tipo de alojamientos. "Solo beneficia a los inversores que compran la casa para darle ese uso".

El Ayuntamiento aprobó una moratoria en marzo de 2021, suspendiendo la concesión de nuevas licencias durante un año, mientras estudiaba su regulación y decidía si cambiaba el plan general o bien aprobaba una ordenanza. Al final, ha optado por lo primero.

Además de ese porcentaje máximo, la modificación del PGOU introducirá nuevas condiciones. "Hay viviendas que no tiene ningún sentido que sean turísticas porque están en una tercera planta sin ascensor, cuando en cualquier otro alojamiento se exige ascensor, unas medidas determinadas para los pasillos...". Otra acción disuasoria, que se ha empezado a aplicar ya este año, es la subida en la tasa de basura. El alcalde reconoce que ante esta presión existe el riesgo de que no se declaren como tales, y por eso ha pedido a la DGA reforzar las inspecciones.

Aínsa no es el único lugar donde están proliferando. En Aragón había, en diciembre de 2020, un total de 5.186 alojamientos turísticos con una capacidad de 116.198 plazas, un 2,1% más que un año antes. Las viviendas de uso turístico suponían el 11% del total de las plazas, 12.608 (7.638 en la provincia de Huesca, 1.913 en la de Teruel y 3.057 en la de Zaragoza). En este caso el incremento en un año fue mayor, un 14,2%.  

El Ayuntamiento ha acometido otras acciones en distintos núcleos del municipio para afrontar el problema de la falta de alojamiento para nuevos moradores. Ha rehabilitado varios inmuebles de propiedad pública para arrendarlos, contando para ello con ayudas de la Diputación de Huesca.

La institución provincial tiene dos planes en marcha. Uno subvenciona a los ayuntamientos por la compra de solares y edificios privados. El viernes se abrió una nueva convocatoria con una dotación de 1,5 millones. El otro, el Plan de Fomento de la Vivienda, va destinado a rehabilitar propiedades, de titularidad pública, a través de préstamos a interés cero. En ambos casos se destinan al alquiler de nuevos pobladores, con una cuota máxima de 240 euros al mes y por un mínimo de 2 años. Desde 2020 se han concedido 35 préstamos para 65 alojamientos.

Los nuevos pobladores deben ser personas inscritas en el padrón municipal y que realicen o vayan a realizar su actividad laboral, económica o profesional en el municipio o su entorno. También se puede destinar esta vivienda a jóvenes de la localidad, inscritos en el padrón y menores de 40 años, que establezcan en estas viviendas su residencia habitual.

1.000 euros de subvención por alquilar una casa

Además, Aínsa ha emprendido un programa específico para la zona más despoblada del municipio. Esta semana ha sacado la tercera convocatoria de un plan, abierto hasta el 31 de octubre, destinado a las localidades de Paúles de Sarsa, Sarsa de Surta, Castellazo, Arcusa, El Coscollar y Mondot.

En estos núcleos, otorga ayudas tanto a propietarios de inmuebles como a inquilinos. A los primeros, 1.000 euros por un contrato de más de dos años de duración, y a los inquilinos les subvenciona el 50% del importe del alquiler de seis meses, con un máximo de 1.000 euros, si llevan tres meses en arrendamiento. Estos deberán ser matrimonios, parejas de hecho o familias monoparentales con hijos menores de 14 años, ya que el objetivo final es mantener abierta la escuela de Paúles de Sarsa.

El programa ha permitido en anteriores convocatorias atraer a dos familias, aunque una se marchó antes de un año. "Gracias a ellas hemos logrado mantener abierta la escuela de Paúles", afirma el alcalde, Enrique Pueyo.

Pese a las importantes ayudas del plan, no está resultando nada fácil encontrar viviendas disponibles, aunque Pueyo calcula que entre todos los pueblos hay una docena. "La gente no alquila su casa porque la tiene como segunda residencia o porque es una herencia, son varios propietarios y no se ponen de acuerdo para arreglarla y que esté en condiciones de habitabilidad. Este problema se repite desde hace años, no solo en Aínsa, en todo el Pirineo", afirma. 

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