Los exconsejeros catalanes Santi y Vila y Lluís Puig, cada vez más cerca de sentarse en el banquillo por el caso Sijena
El Juzgado nº 3 de Huesca ha cerrado la instrucción después de cuatro años y ha trasladado el caso al Juzgado de lo Penal, que celebrará el juicio dentro de unos meses.
Los exconsejeros catalanes de Cultura Santi Vila y Lluís Puig están más cerca de sentarse en el banquillo por negarse a facilitar en su día la salida de los bienes del Monasterio de Villanueva de Sijena desde el Museo de Lérida, tal y como había ordenado un Juzgado de Huesca tras anular su adquisición por la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Finalmente, estas últimas 44 obras de arte fueron devueltas con el auxilio de la Guardia Civil en el verano de 2017.
La magistrada del Juzgado nº 3 de Huesca, Marina Rodríguez Baudach, ha dado por finalizada la instrucción después de cuatro años y ha trasladado la causa al Juzgado de lo Penal nº 1, que será el que celebre juicio oral contra ambos exconsejeros en el plazo de unos meses. Así lo estima Jorge Español, abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y que también ejercer la acusación particular por su cuenta, que en agosto de 2017 abrió este proceso penal pidiendo que se actuara contra Lluís Puig -que sigue huido de la Justicia en Bélgica- y si antecesor en el cargo, Santi Vila, por la presunta comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y apropiación indebida. Y es que denunció que "incumplieron sistemáticamente todas las resoluciones judiciales dictadas a este fin en la esperanza de que Cataluña se declarase independiente y así pudiese retener para siempre dicho tesoro artístico".
La Fiscalía solicita para ambos dos años de inhabilitación por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial, y multa de 18 euros diarios durante 11 meses (5.940 euros). Mientras, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena pide para Santi Vila una pena de 11 meses de prisión con multa de 300 euros diarios durante siete meses (63.000 euros en total) por el delito de usurpación de atribuciones judiciales; y una pena igual para ambos exconsejeros por delito de desobediencia a la autoridad judicial de 300 euros diarios durante 11 meses (99.000 euros) con inhabilitación especial para ejercer cargo público durante dos años. En julio de 2018, el Gobierno de Aragón se retiró de la causa.
El pasado mes de junio, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso presentado por el exconsejero Lluís Puig por la fianza de 88.000 euros impuesta por el Juzgado nº 3 de Huesca al considerar que era una medida "desproporcionada" y una "pena anticipada" por entender que con ello se vulneraba su derecho a la presunción de inocencia. La fianza de Vila se fijó en 216.000 euros.
