La Justicia otorga a la Iglesia la propiedad de la 'Capilla Sixtina' del Alto Aragón

El Juzgado de Instrucción nº1 de Huesca da la razón al Obispado de Huesca en su demanda contra el Ayuntamiento de Ayerbe por haber inscrito el templo a su nombre en el catastro.

Interior de la ermita de Casbas, cuyas paredes están decoradas con frescos del siglo XVIII.
Interior de la ermita de Casbas, cuyas paredes están decoradas con frescos del siglo XVIII.
Rafael Gobantes

La ermita de la Virgen de Casbas, conocida como la ‘Capilla Sixtina’ del Alto Aragón por sus valiosas pinturas murales del siglo XVII, es propiedad del Obispado de Huesca. Así lo ha sentenciado el Juzgado de Instrucción nº 1 de Huesca, dándole la razón en la demanda que interpuso contra el Ayuntamiento de Ayerbe después de que inscribiera el santuario en el catastro como propiedad municipal. 

Casi siete meses después de la celebración de la vista en la que ambas partes presentaron documentos para intentar demostrar que habían ejercido la posesión a título de dueños del templo, la jueza ha fallado a favor del Obispado.

El Obispado, representado por el letrado Joaquín Guerrero, argumentaba en su demanda que le pertenecía "desde tiempos inmemoriales" el santuario, las viviendas anejas y las dependencias de la cofradía, plasmada en una declaración en el Boletín Oficial Eclesiástico de 1865; que siempre se habían celebrado bodas, comuniones o romerías; y que ya aparecía como propiedad eclesiástica en un registro fiscal de edificios y solares del Ayuntamiento de 1929 sin que se hubiera impugnado. Además, aludió a un inventario de la DGA de bienes muebles de la Iglesia católica donde se incluía el templo y a los permisos que había concedido en los últimos años al consistorio y a la Comarca de la Hoya para poder realizar grabaciones o visitas guiadas.

Mientras, el Ayuntamiento de Ayerbe, defendido por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca (representada por la abogada Ana Cristina Bescós), replicó que el santuario fue inscrito en el inventario municipal en 1977 y desde entonces había ejercido la posesión pública, pacifica e ininterrumpida durante más de 30 años, requisito para obtener la usucapión (adquisición de una propiedad por posesión continuada).

También presentó como pruebas un acuerdo de pleno de 1994 que cedió la gestión del templo a la cofradía y las numerosas obras de mantenimiento y restauración acometidas desde 1979 y financiadas por el consistorio con ayuda de la DGA y la DPH, entre ellas una inversión de 160.000 euros que permitió reabrir el templo en 2017 tras cinco años cerrado por desprendimientos. Por último, alegó que eran los únicos poseedores de la llave que permite el acceso a la ermita y demás edificaciones.

La jueza sentencia que las pruebas demuestran que la parroquia no ha dejado de utilizar la ermita con fines religiosos desde que se construyó y que todas las acciones posesorias efectuadas por el ayuntamientos han tenido un soporte o respaldo del Obispado o de los párrocos de Ayerbe. 

Respecto a las obras de restauración financiadas por el Ayuntamiento, considera que quedaban supeditadas a la autorización del Obispado o a que se llevaran a cabo bajo su aquiescencia. Además, subraya que en las múltiples gestiones que realizó para la obtención de subvenciones para llevar a cabo las obras "se aprecia que el objetivo es la protección del patrimonio artístico y cultural y no tanto el ejercicio de una actividad vinculada a la propiedad".

Por todo ello, resuelve que el Obispado y la parroquia han logrado acreditar que desde tiempo inmemorial han llevado a cabo actos que reflejaban gráficamente el dominio de la Iglesia sobre el santuario de Nuestra Señora de Casbas y que las acciones ejercidas durante más de un siglo por los distintos párrocos, vicarios y obispos "lo han sido a título de dueño y han determinado que cualquier acción llevada a cabo por terceros lo era bajo su autorización y beneplácito", lo cual determina que la ermita y el conjunto arquitectónico sean de su propiedad.

El abogado del Obispado ha mostrado su satisfacción por el contenido del fallo que, ha asegurado, era "esperable". "Queríamos salvaguardar la finalidad de que la ermita siempre ha sido religiosa y ahora queda aclarado ante la zozobra que se había creado en el pueblo, en la parroquia, en la cofradía y en los feligreses", ha valorado Joaquín Guerrero. Con todo, también ha insistido en que esperan que "esta sentencia no dificulte las buenísimas relaciones" que tienen con el Ayuntamiento y ha dejado claro que la ermita podrá seguir albergando actos culturales y sociales siempre que sean compatibles con el culto.

Mientras, el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, ha afirmado que respetan la decisión judicial pero no la comparten "en absoluto" ya que considera que es "injusta" y ha provocado "enfado y decepción" entre muchos vecinos. A su juicio, deja "muchas dudas en el aire", además de no tener en cuenta gran parte de la documentación y de los testigos que aportaron desde el Consistorio "por lo que se queda coja". Por ello, ya anuncia que recurrirán ante la Audiencia de Huesca

Biescas se muestra especialmente crítico con el argumento de la juez de que el Ayuntamiento financió las obras de restauración de la ermita por proteger el patrimonio. "Sí que lo hicimos por eso, pero porque era una propiedad nuestra. Porque hay otros bienes patrimoniales que necesitan protección como el Palacio de Ayerbe o la iglesia parroquial pero allí no intervenimos porque no son nuestros, el primero es de propiedad particular y el segundo es del Obispado", recalca el alcalde.

Es la segunda vez que los tribunales fallan a favor de la Iglesia en un litigio por un templo de la provincia de Huesca. A principios de 2018, el Juzgado de Boltaña otorgó al Obispado de Barbastro-Monzón la propiedad de la iglesia de Plan frente al Ayuntamiento -que aparecía como titular en el Registro de la Propiedad y en el Catastro- justificando que su uso era para el culto y negando que el pago de gastos por parte del municipio le otorgara la titularidad. Un casi similar al de la ermita de Nuestra Señora de Casbas de Ayerbe.

Ahora queda pendiente de resolver un tercer litigio que enfrenta al municipio de Alberuela de Tubo con el Obispado de Huesca, al que demandó por haber inscrito la ermita románica de Nuestra Señora del Castillo en el Catastro (2009) y en el Registro de la Propiedad (2015).

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