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¿Quién debe tener la llave de la 'Capilla Sixtina' del Alto Aragón?

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Huesca dejó este martes visto para sentencia el litigio por la propiedad del Santuario de Nuestra Señora de Casbas que enfrenta al Obispado de Huesca con el Ayuntamiento de Ayerbe.

El juicio por la propiedad del santuario de Nuestra Señora de Casbas de Ayerbe ha quedado visto para sentencia.
El juicio por la propiedad del santuario de Nuestra Señora de Casbas de Ayerbe ha quedado visto para sentencia.
Pablo Segura

¿Quién debe tener la llave de la ermita de la Virgen de Casbas, conocida como la ‘Capilla Sixtina’ del Alto Aragón por sus valiosas pinturas murales del siglo XVII? Es lo que debe decidir el Juzgado de Instrucción nº 1 de Huesca, después de que este martes quedara visto para sentencia el litigio entre el Obispado y el Ayuntamiento de Ayerbe por la propiedad de este santuario, que llegó a estar cerrado durante cinco años por desprendimientos.

Ambas partes presentaron documentos para intentar demostrar que han ejercido la posesión a título de dueños del templo, que está inscrito en el catastro como propiedad municipal pero que la Iglesia quiere inmatricular.

El Obispado argumenta en su demanda que la ermita le pertenece "desde tiempos inmemoriales", que siempre se han celebrado bodas, comuniones o romerías y que ya aparece como propiedad eclesiástica en un registro fiscal de edificios y solares del Ayuntamiento de 1929 "sin que se haya impugnado", resaltó el abogado Joaquín Guerrero, quien aseguró que también ha colaborado económicamente con las obras de rehabilitación (el alquiler de unos andamios).

Además, aludió a un inventario de la DGA de bienes muebles de la Iglesia católica donde se incluye el templo y a los permisos que ha concedido en los últimos años al consistorio y a la Comarca de la Hoya para poder realizar grabaciones o visitas guiadas.

Mientras, el Ayuntamiento de Ayerbe, defendido por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca (representada por la abogada Ana Cristina Bescós), argumenta que el santuario fue inscrito en el inventario municipal en 1977 "y desde entonces ha ejercido la posesión pública, pacifica e ininterrumpida durante más de 30 años", requisito para obtener la usucapión (adquisición de una propiedad por posesión continuada).

También presentó como pruebas un acuerdo de pleno de 1994 que cedió la gestión del templo a la cofradía y las numerosas obras de mantenimiento y restauración acometidas desde 1979 y financiadas por el consistorio con ayuda de la DGA y la DPH, entre ellas una inversión de 160.000 euros que permitió reabrir el templo en 2017. "De no haber sido el dueño, no habría podido destinar fondos públicos", remarcó la letrada, quien criticó al Obispado "porque nunca mostró interés por el santuario hasta 2012, cuando ya estaba muy deteriorado".

Ambas partes también discutieron sobre quién instó la declaración de la ermita como Bien de Interés Cultural, otorgada en 2014, y sobre quién tiene llave de los distintos accesos al santuario.

Ocho testigos con visiones distintas

La jueza escuchó el testimonio de ocho testigos, cuatro por cada parte, con distintas visiones. La actual priora de la cofradía de Casbas, María Isabel Sarasa, declaró que el Ayuntamiento "nunca" le comunicó que era el propietario del santuario. Mientras, el actual párroco y su antecesor coincidieron en afirmar que en su día se acordó que el consistorio pidiera las subvenciones para las obras "porque tenía más fuerza", no porque fuera el dueño. Y el vicario general, Nicolás López, explicó que en 2012 ya informó a los responsables municipales que era una propiedad de la Iglesia.

Por su parte, los exalcaldes José Antonio Sarasa y Carmen Gállego insistieron en que el Ayuntamiento "siempre" ha tenido llave del templo -y que nunca habían impedido celebrar actos religiosos- y ha pagado los gastos de luz y agua. El técnico municipal de Urbanismo señaló que nunca se pidió autorización al Obispado para las obras. Y un exsecretario de la cofradía dijo haber visto un manuscrito de 1750 que ya reflejaba que el edificio era de propiedad municipal. 

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