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El callejero franquista de Huesca acaba en los tribunales

Los demandantes han solicitado amparo al secretario de Estado de Memoria Democrática.

Uno de los ejemplos que todavía perduran en la calle de Federico Mayo.
Uno de los ejemplos que todavía perduran en la calle de Federico Mayo.
Heraldo

El Colectivo Ciudadano de Huesca, las asociaciones Armha y Apudepa, así como personas a título particular, han presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Huesca que desestimó el cambio del callejero franquista y la eliminación de los vestigios contrarios a la memoria histórica. Los demandantes han solicitado amparo al secretario de Estado de Memoria Democrática en la exigencia de acciones memorialistas institucionales.

La desestimación municipal se produjo el pasado 29 de enero. A raíz del acuerdo plenario se han presentado dos demandas. La primera ya ha sido formalizada como recurso contencioso administrativo; y la segunda, en período de recusación, generará otro pleito si no son atendidas las solicitudes de cambio de nombres de calles y eliminación de vestigios franquistas de la ciudad.

El Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (Armha) y la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), así como personas a título particular han denunciado al Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca en primera instancia, por el mantenimiento en el callejero de los nombres de los exalcaldes de la dictadura José María Lacasa Coarasa, Mariano Ponz y Mateo Estaún Llanas, así como por la denominación de plaza Zaragoza, Porches de Galicia, calle Rioja y Federico Mayo, y ante la negativa a retirar la placa de exaltación del régimen ubicada en el patio de la casa consistorial.

Los mismos recurrentes, por idéntica vulneración de la Ley de Memoria Democrática aragonesa, han presentado un recurso de reposición, previo al contencioso, contra otro acuerdo adoptado en la misma sesión plenaria para mantener en el nomenclátor denominaciones contrarias a la memoria, en este caso las que hacen referencia a los exalcaldes Pedro Sopena, Vicente Campo, José Gil Cávez y Emilio Miravé, así como personajes de honda raíz y arraigo con el franquismo tales como José Castán Tobeñas y Ricardo del Arco.

Los acuerdos adoptados por el pleno obedecen, según la decisión desestimatoria firmada por el alcalde, a los informes elaborados por la archivera municipal, contrarios a las pretensiones de los solicitantes. A este respecto, los recursos señalan que las decisiones de mantener en el repertorio tales formulaciones antidemocráticas tienen carácter político, emanado de la autoridad y jerarquía del alcalde, manifiestamente contrario a la aplicación de la Ley de Memoria. Por otra parte, consideran que la empleada municipal, especialista en Historia Medieval, carece de autoridad académica y científica para dictaminar acerca de cuestiones que competen a especialistas en Historia Contemporánea, por lo que tales informes han sido recusados.

El recurso a los tribunales, según los demandantes, se basa en el incumplimiento flagrante de las leyes de memoria y, al tiempo, plantean el arbitrio de una comisión de historiadores especializados que podría ser propuesta por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, "de manera que con carácter independiente y conocimiento de la realidad política, social, cultural y las circunstancias de toda índole que siguieron a la victoria franquista tras la Guerra de España de 1936-1939, elaboren un dictamen ajustado a las leyes de memoria, el respeto de los Derechos Humanos y los principios irrenunciables de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición enunciados en la Ley aragonesa".

Por medio del manifiesto “La memoria democrática, una exigencia ética y política”, los denunciantes han recabado solidaridad, apoyo y también contribución económica para hacer frente a los gastos judiciales, del mundo intelectual, memorialista y cívico también latinoamericano y francés, a fin de denunciar el incumplimiento de las instituciones en este ámbito y exigir una reflexión y cambio de actitud al respecto.

Más de dos centenares de firmas individuales avalan el documento, entre las que cabe destacar a los historiadores Paul Preston, Enzo Traverso, Julián Casanova, Francisco Espinosa, Miren Etxezarreta, Herminio Lafoz o Eloy Fernández Clemente; filósofos y profesores como Jorge Riechmann, Reyes Mate, Carlos Taibo Arias, José Luis Ledesma, Xosé Manuel Souto, Alberto Reig Tapia, Mirta Núñez, Irene Abad y también escritores y estudiosos de la talla de Ian Gibson, Antonina Rodrigo y Ánchel Conte.

Los recurrentes han solicitado el amparo del secretario de Estado de Memoria Democrática Fernando Martínez López, al que se han remitido los acuerdos desestimatorios elaborados por el Ayuntamiento, y han criticado el incumplimiento de las leyes de memoria por parte del gobierno municipal y el Gobierno de Aragón.

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