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Los tribunales respaldan tres años después el intento de remunicipalizar la limpieza viaria de Huesca
Anula la resolución del Tacpa, que la consideró ilegal a instancias del PP. Ahora hay otro proceso de licitación abierto para adjudicarlo a una empresa privada por 22 millones de euros y 8 años.
El Ayuntamiento de Huesca ha ganado la larga batalla legal a favor de la remunicipalización del servicio de la limpieza viaria, una de las banderas que enarboló el anterior equipo de gobierno a iniciativa del grupo de Cambiar. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha declarado válido ahora el acuerdo plenario de hace tres años de encomendar el servicio a la empresa pública Grhusa, tras estar en manos de FCC entre 2013 y 2017.
La sentencia estima "en su totalidad" un recurso del consistorio y anula la resolución anterior del Tribunal de Contratos Administrativos de Aragón (Tacpa), que a instancias del PP consideró ilegal la contrata municipal a Grhusa al entender que escondía una adjudicación directa. Ahora ya solo queda recurrir al Supremo.
Con esta sentencia, el alcalde, Luis Felipe, se enfrenta al dilema de mantener la gestión pública, ahora que tiene el respaldo judicial, o concluir los trámites del concurso convocado en septiembre por 22 millones para 8 años y que aún no se ha adjudicado. El último trámite es de diciembre cuando se abrieron las 6 ofertas.
El pleno aprobó el 31 de mayo de 2017 recuperar la contrata y encomendar la gestión al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Agrupación núm. 1 de Huesca, a través de su empresa propia, Grhusa, que asumió los 25 trabajadores de FCC. La decisión fue apoyada por el PSOE y sus entonces socios de izquierdas, pero votaron en contra PP y Cs. Los populares la recurrieron, logrando la primera victoria, ya que a los dos meses lo anuló el Tacpa.
El Ayuntamiento apeló pero entretanto ha buscado una empresa privada para limpiar las calles, un proceso plagado de tropiezos: uno de los concursos quedó desierto, hubo que prorrogar la encomienda a Grhusa y al final se volvió a licitar.
En su recurso, el consistorio invocó que el Tacpa se había excedido de sus competencias al ser una encomienda, no un contrato, y que la resolución era nula por no haber infringido la normativa española ni europea. El TSJA rechaza el argumento de la competencia, pero le da la razón al resto.
Entre ellos, que es más eficiente la gestión porque aunque el coste salarial sea mayor, se ahorra en el beneficio industrial y otros gastos financieros; y que la limpieza viaria ya se venía realizando de forma mixta, con un 50% de personal municipal y el resto de FCC, "es decir que lo que se ha hecho es optar al cien por cien por esta última posibilidad", dice.
También resalta que hay cooperación entre poderes adjudicadores al formar parte del consorcio solo entes públicos (el Ayuntamiento, tres Comarcas y la DGA); o que este consorcio "tiene por objeto el cumplimiento de una serie de servicios públicos, muchos de ellos de carácter obligatorio".
El TSJA tampoco ve inconveniente en que Grhusa no tuviera medios propios porque se iban a integrar los del Ayuntamiento y los de la concesionaria. "De seguirse el criterio interpretativo del Tacpa, se vaciarían de contenido las capacidades y fines de las mancomunidades y consorcios, ya que normalmente operan por sociedades u otros entes que son verdaderos medios propios y no suelen tener personal propio", concluye.
