Juan Vela: "Los mayores también tienen derecho a las uci, han construido el estado del bienestar"

Lares, que atiende a 1.054 centros de mayores, dependientes o discapacitados, gestionados por congregaciones religiosas, fundaciones y ONG, ya ha escrito dos cartas al presidente Pedro Sánchez denunciando el abandono de las residencias. ¿Qué pide el sector más afectado en esta crisis?

Nuestra sociedad ha dejado a los mayores de lado y ahora resulta más palpable. En esta crisis se manifiestan los graves errores cometidos durante muchísimo tiempo en un sector que vive una situación precaria. Somos el cortafuegos, el dique de contención de la pandemia, y sin los medios ni el apoyo de la Administración es imposible salir. Las residencias deberían ser hogares para vivir, pero la tendencia ha sido ahorrar costes al sistema. Son los ‘low cost’ de la atención sanitaria. Llegada esta crisis se asume que tenemos que dar cuidados sanitarios en centros que son sociales. En el discurso del estado de alarma, Pedro Sánchez dijo que se ponía al frente con un mando único, y detrás estaban las Comunidades Autónomas, pero es una farsa. Cada Comunidad tiene sus propios criterios. Esto genera discrepancias, desigualdades y un gasto enorme de recursos.

En la última carta denuncian falta de epis, test de diagnóstico y hasta paracetamol.

Así es. Los centros nos mandan la lista de necesidades y ya llevan 5 o 6 días reflejando la falta de fármacos, entre ellos el paracetamol. También pedimos atención a enfermos terminales con sedación con morfina. Las familias no se están pudiendo despedir y los afectados mueren sin nadie a su lado porque así lo dice el procedimiento. Esto es una locura organizativa, en la cual ponen a las residencias en el centro como si fuera el problema. Un ejemplo: una persona fallece en un hospital y los sanitarios son unos héroes, que lo son. Si hay un fallecido en una residencia, al día siguiente los servicios sociales presentan una denuncia y hay una investigación a ver qué ha hecho mal el director. Una ministra (la de Defensa) dijo que encuentran personas muertas en las residencias. Debe saber que los servicios funerarios no pueden o no quieren acudir a recoger los cadáveres. Me llegan quejas de muchos sitios sobre funerarias que se niegan a entrar y son los propios trabajadores o los propios religiosos los que tienen que sacar los cadáveres a la calle. Es una vergüenza.

En Cataluña se dio una polémica instrucción de no ingresar en uci a mayores de 80 años. ¿Cree que de hecho se hace ya en hospitales de otras Comunidades?

Sí, somos conscientes. Hay personas que por su edad ya no tienen respiradores. Y no solo es Cataluña. Cualquier persona debe tener el mismo derecho a la protección sanitaria.

¿Esa discriminación sanitaria por edad ha llegado a Aragón?

No tengo constancia. Sí he recibido denuncias de otras Comunidades, como el caso de un auxiliar de una de nuestras residencias, de 55 años, que no sabían si meterlo o no a la uci porque tenía avanzada la neumonía y había otros más jóvenes esperando. ¿Cómo a los mayores, que construyeron nuestro estado del bienestar, podemos decirles que no hay respiradores o que por su edad preferimos que mueran ellos?

Pero, si faltan plazas de uci, ¿qué debería hacer un médico?

Hacen lo que pueden. No es un problema de los profesionales sino de la política sanitaria. Un sistema demuestra si funciona en las crisis, y en esta el sistema social no funciona, como llevamos tiempo denunciando, y el sanitario hace aguas. El Estado no tenía epis, pero es que era una competencia de las Comunidades y ninguna había comprado tampoco. Es un fracaso del sistema. La situación en muchos lugares de España es dramática.

La falta de personal en las residencias es un problema ¿Ha habido fuga de trabajadores?

El índice de bajas preventivas es altísimo: si tienen en casa a alguien con síntomas, ya no vienen; si tienen 37,5 de fiebre, ya no vienen… Nuestros profesionales o son muy vocacionales o muy necesitados, y el miedo es libre. Pero además muchas Comunidades Autónomas se nos llevan los trabajadores para pagarles más. Es una competencia desleal. En Zaragoza también pasa. Hay residencias cuyos trabajadores se marchan al sector público, porque el Gobierno de Aragón ha abierto una bolsa de empleo para gente sin cualificación.

¿Qué le parece que el Gobierno de Aragón haya intervenido varias residencias privadas?

Es necesario.

¿Y la idea de crear centros específicos para mayores con Covid?

Desde el principio los pedimos, porque si los mayores son los más débiles, no podemos traer el virus a una residencia donde hay gente que no lo tiene. El sentido común nos dice que tendremos que separarlos.

Cuando pase la emergencia sanitaria, ¿qué habremos aprendido respecto a las residencias?

Habrá llegado a la opinión pública nuestro grito de auxilio y el reconocimiento social a un sector prioritario. Nuestros trabajadores deben tenerlo, porque ahora valoramos a la persona que cura pero no a la que cuida. Los trabajadores que están dando la vida cobran menos de 1.000 euros al mes. Y los directores tienen una responsabilidad civil. Lo que está pasando ahora, cuando acabe, se concretará en presentar denuncias. Se criminalizará el proceso. La enseñanza que nos deja esto es que nuestro peor enemigo somos nosotros, nuestra manera de vivir y de relacionarnos, creer que somos autosuficientes.

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