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Un juez obliga al pleno de Sabiñánigo a dar marcha atrás en su boicot a Israel

La sentencia afea una declaración aprobada por el Ayuntamiento en 2016, a propuesta de Cambiar y apoyada por el PSOE, por carecer de competencias en acción exterior. El pleno se retractará en la sesión de este jueves.

El pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo abordará la rectificación en la sesión de este jueves.
El pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo abordará la rectificación en la sesión de este jueves.
Laura Zamboraín

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca ha anulado una moción aprobada hace más de tres años por el pleno municipal de Sabiñánigo de adhesión al boicot a Israel, presentada por el grupo Cambiar. Además de condenar a pagar las costas judiciales al consistorio serrablés, le obliga a retractarse en un plazo de diez días, algo que tratará en el pleno de este jueves.

La sentencia afea la declaración que reconoció al Estado de Palestina porque, subraya, los ayuntamientos no tienen competencias en materia de acción exterior o política internacional, que están reservadas únicamente al Estado. Y también por intentar vetar a empresas que no reconocieran el derecho de autodeterminación del pueblo palestino en los contratos municipales porque "añade prescripciones y requisitos" a la Ley de Contratos del Sector Público que son competencia exclusiva estatal.

El recurso pidiendo la nulidad de esta declaración fue presentado en su día por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, que ha logrado anular ya 52 acuerdos similares contra ayuntamientos como Pamplona, Córdoba, Cádiz o Valencia en los tribunales o con recursos administrativos."«La reciente sentencia reafirma el carácter discriminatorio, sesgado y decididamente hostil de la campaña BDS-ELAI contra Israel, sus naturales y todo aquel que simpatice con el país hebreo", han valorado desde la entidad.

Entre sus fines está promover el estrechamiento de la amistad entre España e Israel; enseñar la contribución que hace Israel a la ciudadanía global, su adscripción a los valores democráticos, así como su contribución a la ciencia, sociedad, economía, cultura y medio ambiente; y apoyar un Oriente Medio basado en sociedades pluralistas y democráticas.

La sentencia censura la resolución ‘en relación con la campaña de boicot, desinversiones y sanciones en contra de la colonización, el apartheid y la ocupación israelí’, que presentó en el pleno del 25 de febrero de 2016 Cambiar Sabiñánigo y que salió adelante con los votos a favor de este grupo (2 ediles) y el PSOE (6), y las abstenciones de PAR (3) y PP (1).

"Libre de Apartheid Israelí"

La moción, de seis puntos, pedía manifestar la adhesión y apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014 que reconocía el Estado de Palestina; mostrar la solidaridad con la población de los territorios ocupados instando a la ONU a garantizar su protección y a obligar a Israel a cumplir la legalidad internacional; y declarar el municipio de Sabiñánigo ‘Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI)’.

Asimismo, instaba a adoptar medidas legales para que los procesos de contratación y compra incluyeran previsiones que impidieran contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional y que no acataran el derecho de autodeterminación del pueblo palestino; y fomentar la cooperación con el movimiento BDS ‘Boicot, Desinversiones y Sanciones’. Y, por último, instaba al Gobierno central a adoptar acuerdos en el mismo sentido.

El juez subraya que el reconocimiento de una soberanía "solo puede realizarse desde una soberanía ya existente y reconocida" y que cualquier acción exterior de una Entidad Local está supeditada a una autorización expresa del Estado "que no se ha dado en nuestro caso". Además, advierte de que el boicot a empresas por su mayor o menor afinidad a Israel podría tener incluso consecuencias penales.

El Ayuntamiento pidió desestimar el recurso por estar fuera de plazo al haber transcurrido ya más de tres años. Pero el juez lo rechaza recordando al consistorio que incumplió con su obligación de dar publicidad al acuerdo, por lo que nunca expiraron los plazos. La alcaldesa Berta Fernández asegura que no van a recurrir la sentencia y que la acatarán. "El juzgado nos obliga a rectificar y así lo haremos, y como la moción se aprobó en pleno, la rectificación también se realizará en el pleno", explicado.

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