Un promotor inmobiliario se enfrenta este jueves en la Audiencia Provincial de Huesca a una pena de 5 años de prisión por estafar más de 200.000 euros en la venta de una vivienda de Biescas después de hacerles creer a los compradores que habían pagado por adelantado todo el coste y que la recibían libre de cargas e hipotecas.

La Fiscalía tipifica los hechos como un delito de estafa agravada por ser un vivienda, por el hecho de que el valor de la defraudación supera los 50.000 euros y por haber abusado de su relación personal con las víctimas, aprovechándose de su credibilidad empresarial o profesional. También pide una multa de 2,520 euros y, como responsabilidad civil, una indemnización de 203.076,77 euros.

El escrito provisional de conclusiones relata que el acusado y las víctimas habían mantenido una relación previa ya que formalizaron otra compraventa entre los años 2003 y 2005, por lo que confiaban "plenamente" en él y su credibilidad profesional.

A principios de 2006, concertaron un nuevo acuerdo para comprar una propiedad en una promoción inmobiliaria que el acusado iba a impulsar el Biescas fijando un precio de 248.000 euros para la vivienda y 18.000 euros por una plaza de garaje y un trastero.

En cuanto a la vivienda, los compradores entregaron a cuenta una primera cantidad de 36.000 euros y se acordó pagar el resto mediante una hipoteca de 178.000 euros, la entrega de 28.000 euros al inicio de la obra y el resto, en 24 cuotas mensuales desde el mes siguiente al comienzo de los trabajos de construcción. Y respecto al garaje y al trastero, entregaron 6.000 euros, otros 5.980 al inicio de las obras y el resto en otras 24 mensualidades.

El 24 de marzo de 2006, el acusado comunicó a los clientes la concesión de la licencia de obra y la necesidad de realizar un segundo pago de 29.960 euros por la vivienda y otros 6.398,60 por el garaje y el trastero, ingresando un total de 36.359 euros en abril de ese año.

La Fiscalía sostiene que pese a lo pactado "y con evidente ánimo de engaño y aprovechando la confianza previa que tenían en él y en la empresa", propuso a los compradores evitar la subrogación hipotecaria pagando abonando por adelantado el importe en cuotas mensuales hasta que se finalizaran las obras y les entregaran las llaves. De esta forma, cuando realizaran la escritura, podrían pagar las última cantidades pendientes y podrían adquirir la propiedad libre de cargas e hipotecas. 

El 4 de febrero de 2008, el acusado remitió una carta a las víctimas comunicando la firma de escritura y la entrega de la vivienda, informándoles asimismo que hasta entonces habían pagado 216.119 euros y, por tanto, restaban por pagar 68.431,45 euros. Una cantidad que abonaron antes de firmar convencidos de que la compraventa se realizaba libre de cargas.

El 18 de marzo de 2008 llevaron a cabo la escritura pero el acusado les engañó ya que las cantidades que habían pagado no habían sido destinadas a cancelar la deuda hipotecaria ni fueron devueltas a sus legítimos titulares. Estos ocuparon la vivienda y en febrero de 2015 la cedieron ante notario a su hija. Pero la sorpresa llegó un año y medio después cuando a esta última le llegó un burofax de una empresa que actuaba en nombre de la Sareb, la cual a su vez que había absorbido el préstamo concedido en su día por la CAI, advirtiéndole de que ante el incumplimiento de pagos, la hipoteca había vencido y les exigían la deuda pendiente: 191.604,79 euros, más los intereses de demora.