Los ayuntamientos del Parque Posets-Maladeta urgen "un cambio de rumbo" en la gestión

Los cinco ayuntamientos del Parque Natural Posets-Maladeta (Benasque, Gistaín, Montanuy, Sahún y San Juan de Plan, en las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza) reclaman un "necesario y urgente cambio de rumbo" en la gestión del espacio protegido porque, casi 25 años después de su creación, "no está funcionando como el motor de desarrollo que se prometió, en contrapartida a las afecciones generadas en la población local". Así lo denuncian en una moción que fue consensuada en una reunión de los cinco alcaldes, que pertenecen a distintos partidos (PSOE, PAR y una agrupación independiente). Desde entonces ya la han aprobado cuatro ayuntamientos y el quinto la llevará al próximo pleno, para remitirla al Gobierno de Aragón, los grupos de las Cortes y las comarcas.

Con más de 30.000 hectáreas, el 70% de su superficie está por encima de los 1.800 metros, desde los 1.500 m de los fondos de los valles, hasta los 3.404 metros del Aneto. Dentro de su perímetro se encuentra el mayor número de tresmiles del Pirineo.

Según este documento, las medidas medioambientales aplicadas en Aragón "han fracasado estrepitosamente". "La criminalización de la actividad humana no ha sido positiva", añaden, y no consideran sostenible seguir manteniendo "un modelo sancionador" en lugar de "un modelo de apoyo a las personas", a los habitantes.

El Parque, a juicio de los ayuntamientos, solo está provocando limitaciones y prohibiciones "y ningún desarrollo socioeconómico", en contra de los objetivos marcados en la creación de los espacios protegidos. Citan como ejemplo el cierre de las oficinas de desarrollo a principios de esta legislatura.

Otro problema se refiere a la toma de decisiones "a cientos de kilómetros de distancia, sin participación de los agentes locales". A este respecto, se menciona la dimisión, el pasado mes de agosto, de José María Agullana, presidente del Patronato y miembro del mismo durante más de 20 años. Las razones de su dimisión son compartidas por los alcaldes, ya que se fue ante la imposibilidad de que el territorio tuviera poder de decisión, "la inexistente gestión forestal en zonas de montaña, la escasa sensibilidad con la ganadería extensiva y la política de empleo de los espacios naturales". Y es que los ayuntamientos se quejan de los elevados requisitos exigidos para puestos de trabajo poco cualificados como el de peón.

También de las trabas con las que se encuentran los refugios de montaña y otros edificios e infraestructuras municipales situadas dentro del espacio para utilizar energías limpias, solar, eólica e hidráulica, de forma que todas las instalaciones consumen combustibles fósiles porque "por la normativa de gestión del parque no pueden utilizar fuentes renovables". La alcaldesa de Sahún, Lourdes Ascaso, citó el caso de una pequeña minicentral para abastecer al refugio de Estós.

"Un parque natural, además de proteger nuestra rica biodiversidad y valor paisajístico, debe ser una oportunidad de desarrollo para las comunidades locales, de otro modo no tiene razón de ser. Un parque no puede vivir de espaldas a los habitantes, en muchas ocasiones propietarios de los terrenos", señala la moción aprobada, en la que hay una lista de solicitudes con 15 puntos referidos, entre otras cuestiones, al apoyo a los propietarios de suelo, la prioridad de gente del territorio en la contratación o en la elección del presidente del patronato o la actualización de los centros de interpretación.

"No puede ser que los ayuntamientos no tengamos casi ni voz ni voto", declaró Esther Cereza, alcaldesa de Montanuy, quien denunció que a los patronatos, los órganos de participación, llevan las cuestiones ya decididas. "El territorio debe pesar más en las decisiones", afirmó el de Benasque, José Ignacio Abadías.