Archivada la denuncia contra una edil de Fraga que motivó la fallida moción de censura

Pilar Vilar ha pedido la dimisión de los concejales que la acusaron, por el daño sufrido y la crispación política

Pilar Vilar durante su intervención en el pleno. A la derecha de la imagen, justo a su lado, el portavoz de Compromiso por Fraga
Pilar Vilar durante su intervención en el pleno. A la derecha de la imagen, justo a su lado, el portavoz de Compromiso por Fraga
Digital Fraga TV

El juzgado número 2 de Fraga ha sobreseído la denuncia contra la concejala Pilar Vilar, del PSOE, a la que el grupo Compromiso por Fraga llevó a la Fiscalía acusándola de varias irregularidades derivadas de su relación laboral con la constructora adjudicataria de las obras del castillo.

La propia edil comunicó el fallo en el pleno, donde pidió la "dimisión" de los portavoces del PP, Amadeo Sampietro, y de Compromiso, Ángel Cabrera, al considerarlos responsables del "daño sufrido y de la crispación política". Ambas formaciones llegaron a acusarla de un presunto delito de prevaricación y utilizaron estos hechos para promover el pasado mes de febrero una moción de censura contra el alcalde, el socialista Miguel Luis Lapeña. La propuesta decayó en el último momento, gracias al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. La formación naranja, que tenía un voto decisivo, cambió de postura después de forzar el abandono parcial de Vilar, que mantuvo su acta como edil, pero tuvo que renunciar a la gestión de sus áreas, entre ellas la de Hacienda.

El auto de sobreseimiento descarta la comisión de delito alguno por parte de la socialista, que lamentó el "descrédito" generado por las "graves" acusaciones de PP y Compromiso. Durante el pleno, ambos mantuvieron sus afirmaciones, ya que, según dijeron, están basadas en "documentos e informes realizados por los técnicos municipales". Además, Cabrera anunció su intención de recurrir a instancias superiores.

Hasta el 2012, la socialista fue empleada de Construgesa, adjudicataria de las obras del castillo, que reclamó al consistorio un sobrecoste de 218.000 euros. En 2017, una sentencia obligó al ayuntamiento a abonar esta cantidad, de la que descontó una deuda tributaria de la empresa. En concreto, el impago de cuatro año del IBI de un solar, del que, junto a otros socios, era copropietaria la edil de Hacienda. Vilar participó en una votación, cuando, según el informe de la secretaria municipal, "debería haber abandonado la sesión ya que tenía un interés personal, puesto que se benefició de la dotación de crédito con la que el ayuntamiento liquidó, entre otras, la deuda tributaria del solar del que era copropietaria". El PSOE señaló que el sentido de la votación no hubiera cambiado y, además, la edil se ausentó del resto de votaciones tras conocer el informe.

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