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Huesca

El exalcalde de Santaliestra niega el delito de malversación y culpa al secretario, ya fallecido

El fiscal le pide 5 años de cárcel por destinar casi 100.000 euros de una subvención a saldar las deudas que contrajeron varios vecinos por el litigio contra el embalse.

Javier Mur, en el juicio que ayer comenzó contra él en la Audiencia de Huesca.
El exalcalde de Santaliestra niega el delito de malversación y culpa al secretario, ya fallecido
Rafael Gobantes

"Yo soy capataz de carreteras y me dedico a tapar agujeros". El exalcalde de Santaliestra, Javier Mur, alegó su desconocimiento de la ley para justificar el desvío de 96.873 euros de una subvención recibida de la Diputación de Huesca con objeto de saldar los créditos contraídos por varios vecinos (entre ellos su padre) para pagar las minutas de los abogados en los pleitos contra el embalse. La Audiencia de Huesca lo juzga desde ayer por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por los que el fiscal le pide 5 años de prisión y 8 de inhabilitación. Los hechos se remontan a 2006.

Mur, alcalde entre 1999 y 2015 de este pequeño pueblo de la comarca de la Ribagorza cercano a Graus, culpó al secretario-interventor, Fernando Zapater, que también estuvo imputado en esta causa pero que falleció. "Él fue quien dijo que la subvención podía servir para saldar los créditos, que era legal", declaró. Además, creía que el Ayuntamiento había actuado como avalista, porque así se había acordado en la asamblea vecinal. "Me sorprendí cuando supe que no era así", afirmó el acusado.

En su declaración, recordó que los vecinos se endeudaron para pagar los recursos contra las expropiaciones. La Comisión del Agua de Aragón llegó a un acuerdo "para alcanzar la paz social en el conflicto del embalse de Santaliestra". Se paralizó el proyecto y, a cambio de que el Ayuntamiento retirara las querellas contra los altos cargos del Ministerio, se les prometió "buscar fórmulas para compensar tanto al Ayuntamiento como a los vecinos" por los gastos en que habían incurrido.

Según Mur, la Diputación de Huesca debía pagar las deudas del Ayuntamiento, y el Instituto Aragonés del Agua, con otra subvención, las de los particulares. Cuando en marzo de 2006 se recibió la primera, de 120.000 euros, el alcalde, con el aval jurídico del secretario, según dijo en el juicio, saldó los créditos contraídos por seis vecinos, con cantidades que oscilaban entre 31.139 euros (la de su padre, Ernesto Mur) y 6.119 euros. "Solo era un anticipo", afirmó, a la espera de la otra subvención.

Pero las dos instituciones advirtieron de que estas ayudas públicas nunca podían acabar en manos de particulares. Lo ratificó ayer el exdirector del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, quien dijo que en 2007 recibió un documento del Ayuntamiento con una relación de gastos, en minutas de abogados, de 248.000 euros, entre ellas dos del propio alcalde, de 29.000 y 4.000 o 5.000 euros. "Intentamos ver qué fórmula se podía emplear para cumplir el acuerdo de la Comisión del Agua, pero la Ley General de Subvenciones lo impedía. No podíamos pagar y así se lo dije al alcalde". Hoy está citado a declarar el expresidente de la Diputación de Huesca, Antonio Cosculluela, para hablar de la subvención de su institución.

En el juicio también testificaron los querellantes, que ejercen la acusación popular. Se trata de cinco vecinos de Santaliestra que no tenían créditos pero sí que habían aportado entre 4.000 y 14.000 euros para pagar, en la parte que les correspondía por los bienes expropiados, las minutas de los abogados. Nunca recibieron un euro del Ayuntamiento. "Nos pidieron recibos de los gastos, pero no nos dieron nada, y nos enteramos por los otros vecinos de que a ellos sí les habían abonado el dinero", declaró Pablo Arnal del Cacho.

Juan Antonio Solano, otro de los demandantes, destacó que en la lista de los beneficiados, además de familiares del alcalde, figuraba "otro de Chunta Aragonesista", formación a la que pertenecía Mur.

Estos testigos reconocieron que desde la denuncia a Mur, las relaciones no son buenas en este pequeño pueblo de 100 habitantes. "Los que sí cobraron se me reían en la cara", manifestó indignado José Miguel Tobeña.

Que el Ayuntamiento les saldara el crédito les ha costado figurar como responsables civiles subsidiarios en la causa. Ahora los 96.873 euros ya han sido devueltos a las arcas municipales.

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