Abierto el proceso para declarar BIC las sepulturas de Galán y García Hernández

Las tumbas de los capitanes de la sublevación de Jaca están en Huesca.

Galán fue enterrado en el antiguo cementerio civil.
Abierto el proceso para declarar BIC las sepulturas de Galán y García Hernández
Rafael Gobantes

Las tumbas de Ángel García Hernández y Fermín Galán, los capitanes que protagonizaron la sublevación de Jaca en 1930, pueden convertirse en Conjunto de Interés Cultural, Sitio Histórico, una de las categorías recogidas en la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC). La dirección general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón ha iniciado el proceso para esta declaración. Las sepulturas de los militares, que marcharon hacia Huesca y fueron fusilados tres meses después de su levantamiento, están en el cementerio de la capital oscense. Son dos de los lugares que la corporación municipal visita cada año el 1 de noviembre para depositar un ramo de flores.

Según la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, la categoría de Sitio Histórico define el "lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones humanas o de la naturaleza que posean valores históricos o de singularidad natural o cultural". El expediente abierto señala que las sepulturas de los capitanes Galán y García Hernández del cementerio de Huesca están "vinculadas a dos personajes que han pasado a la historia como los artífices de la sublevación republicana de Jaca del 12 de diciembre de 1930, la cual supuso un impulso decisivo para el advenimiento de la Segunda República Española en abril de 1931, hechos de notable relevancia en nuestra historia reciente".

García Hernández está sepultado en el pabellón de nichos (grupo C). Galán se halla enterrado en el antiguo recinto civil del cementerio de Huesca.

Plazo de alegaciones

La incoación del proceso conlleva la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección establecido en la ley para los conjuntos de interés cultural así como la suspensión de las licencias municipales para obras o actividades en la zona afectada. Se abre ahora un periodo de información pública durante un mes para la presentación de alegaciones. El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de 18 meses.

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