Treinta años después de que el pueblo de Erés se levantara contra la construcción del embalse de Biscarrués, una lucha a la que se unieron los municipios de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, el proyecto sigue tramitándose en los despachos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pendiente de un proceso judicial en la Audiencia Nacional y cuestionado por la Unión Europea.

"Esta obra nació en un contexto socioeconómico y legislativo distinto al actual y es injustificable tener a un territorio durante 30 años bajo la amenaza de la construcción de un pantano", dijo ayer la alcaldesa de Murillo y diputada de Podemos, Marta de Santos, en la presentación de los actos conmemorativos del aniversario de la oposición al proyecto, promovido por Aguas de la Cuenca de España (Acuaes) y Riegos del Alto Aragón. El 18 de marzo habrá una jornada con la participación de expertos sobre las afecciones del embalse. La principal es la pérdida de más del 60% del tramo navegable, teniendo en cuenta el peso de los negocios ligados a las aguas bravas, precisó De Santos.

El proyecto técnico ya se redactó y ahora lo revisa el Ministerio. Ya cuenta con declaración favorable de impacto ambiental, realizada en base a un anteproyecto que está recurrido en la Audiencia Nacional. En 2012 se presentaron dos querellas, una de los tres ayuntamientos y otra de las cinco principales organizaciones ecologistas del país, que todavía no se han resuelto. Hace un mes se cerró la segunda y están pendientes de señalamiento para la deliberación de los magistrados. Los alcaldes dijeron que tampoco tienen noticias nuevas del procedimiento abierto por la Unión Europea, que pidió explicaciones a España sobre la obra. El de Biscarrués, José Torralba, habló de "despilfarro" y calcula un gasto de 5 o 6 millones de euros "sin haber puesto aún una piedra".