Los agricultores de Fraga y Ballobar adelantarán parte del dinero para regar 5.400 hectáreas

La nueva comunidad del Sifón de Cardiel, con cerca de 300 regantes, aprobó ayer sus estatutos. Ahora ya pueden impulsar las obras pendientes de Monegros II, bloqueadas por el Gobierno central.

El agricultor Francisco Cruellas y el presidente Ignasi Serviá señalan parte de la zona a transformar.
Los agricultores de Fraga y Ballobar adelantarán parte del dinero para regar 5.400 hectáreas
P. P.

Los regantes expectantes de la zona oriental de Monegros II siguen avanzando en sus planes de completar la transformación de alrededor de 5.400 hectáreas de secano de Fraga y Ballobar. En julio, los casi 300 agricultores afectados dieron el primer paso constituyéndose como comunidad de regantes con el nombre de Sifón de Cardiel, y durante la jornada de ayer, dieron el siguiente, aprobar sus estatutos. Por delante, resta la elección de cargos y tras ello, se abre la posibilidad de empezar a tomar decisiones. Todos tienen claro el objetivo final: acabar con el bloqueo impuesto por la administración central. Y para ello, saben que solo hay una opción, adelantar parte de la financiación de las obras pendientes.


El primer empujón lo dio el Departamento aragonés de Desarrollo Rural y en particular, el propio consejero, Joaquín Olona, que propuso cambiar las reglas del juego y en lugar de seguir esperando, pasar a la acción, lo que ratificó ayer ante los agricultores afectados. La nueva fórmula, que también están siguiendo otros regantes expectantes, está dirigida a las obras de interés nacional, que llevan años paralizadas por falta de voluntad y presupuesto del Gobierno central.


En la zona oriental de Monegros II necesitan crear el denominado Sifón de Cardiel, que tiene un presupuesto de 39 millones, y después, la red de distribución, que permitirá poner en uso el embalse de Valdepatao. Para ello, también es necesario disponer del desagüe, indispensable para realizar las pruebas de carga. En total, ya se han invertido 28 millones de euros, 10 en la concentración parcelaria y 18 en el propio embalse. Hasta ahora, las obras de interés nacional eran financiadas por el Gobierno central y tras su construcción, los agricultores devolvían a la administración alrededor del 50% de la inversión realizada. Ahora, en lugar de posponer su aportación, los regantes expectantes están dispuestos a adelantar esa misma cantidad o algo más en el momento del inicio de las obras y además, participar en la redacción y ejecución de las obras.


Para ello, se han constituido como comunidad de regantes con el fin de "ser un interlocutor válido ante la administración y tomar decisiones propias", señala el presidente de la comisión provisional de la comunidad, Ignasi Serviá. De momento, desconocen el coste de las infraestructuras necesarias, ya que apuestan por "revisar" los proyectos existentes y de este modo "adecuarlos a la realidad, ya que muchos de ellos están sobrevalorados", añade Serviá. Por ejemplo, la red general supera la extensión actual de la mancha de regadío. De una u otra forma, esperan contar con el apoyo de las entidades bancarias, que confían en este sistema, muy similar al utilizado en la modernización de los regadíos. Además, la DGA ha mostrado su voluntad de apoyar las obras vía subvención y de momento, ya están en contacto con el Gobierno central, que debe ceder sus competencias sobre las obras de interés nacional.

Más producción y empleo

Para dar los siguientes pasos, los regantes expectantes tienen previsto llevar a cabo nuevas reuniones con las administraciones central y autonómica, ya que desean conocer sus compromisos y establecer un calendario concreto para todas las obras pendientes. "Solo adelantaremos parte de la financiación si estamos seguros de que el agua llegará a nuestras parcelas", insiste Serviá.


De las casi 5.400 hectáreas afectadas, unas 4.500 están dentro del término municipal de Fraga y el resto, en Ballobar. Las obras proyectadas permitirán regar por presión natural, es decir, sin necesidad de bombeos. Según los estudios realizados por los propios agricultores, la producción actual se multiplicaría por 40 y además, podrían crearse 700 empleos directos, a lo que habría que sumar los relacionados con las empresas de servicios.

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