La cascada de sanciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) contra ayuntamientos del Pirineo por el vertido de aguas residuales sin depurar continúa. A las multas impuestas a Canfranc y Villanúa, notificadas el pasado miércoles y que resuelven definitivamente los expedientes sancionadores iniciados en 2016, se han sumado otras contra Aínsa, Boltaña y Panticosa, y la misma amenaza pesa sobre Benasque o Sallent de Gállego, también con procedimientos abiertos.

Los alcaldes han manifestado su intención de hacer un frente común, comentó el de Aínsa, Enrique Pueyo, para acudir a los tribunales, ya que la construcción de las instalaciones no es de su competencia sino del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Medio Ambiente, del que precisamente depende la CHE. "Somos los primeros perjudicados por el retraso de las obras y a los que ahora nos toca pagar", señaló. Cuentan con el respaldo de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) y el ofrecimiento por parte de la Diputación de Huesca de sus servicios jurídicos. La misma estrategia quieren seguir los de Boltaña, José María Giménez, y Panticosa, Ricardo Laguna.

En el caso de Aínsa, la sanción es de 6.725,70 euros, por "vertido de aguas residuales en condiciones inadecuadas procedentes de la población al cauce de los ríos Ara y Cinca, no estando sometido a depuración adecuada, sin tener constancia en esta Confederación de la redacción de un proyecto que prevea la construcción de la estación depuradora de aguas residuales en plazo determinado". Ese dinero corresponde únicamente a la localidad de Aínsa, pero el Ayuntamiento tiene media docena de expedientes abiertos por otras poblaciones del municipio, aclaró Pueyo. La multa contra Boltaña asciende a 4.071 euros y la de Panticosa, a unos 8.000.

Es el Instituto Aragonés del Agua el que tiene la responsabilidad de construir las depuradoras. Su directora, Inés Torralba, dijo ayer que en diversas ocasiones ha trasladado, tanto al presidente de la Confederación como al comisario de aguas, su desacuerdo con el uso de la potestad sancionadora contra los ayuntamientos, "cuando ellos, como parte del convenio, conocen y son corresponsables de la situación", en alusión al acuerdo firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente, dotado con 142 millones de euros, para construir las depuradoras y que se acabó invirtiendo en otros proyectos. Torralba culpa de los enormes retrasos acumulados al modelo concesional pactado por esas dos instituciones.

Pero además, añadió, en el caso de Canfranc, la propia Confederación hizo los proyectos y luego manifestó las dificultades para ejecutarlos. "Si no se pueden hacer los colectores de Canfranc Estación y Canfranc Pueblo es por las afecciones al dominio público hidráulico", explicó. No entiende que la CHE, "a ratos se pone de órgano de policía, de vigilante y de limitador y de perseguidor de incumplimientos, y en otras ocasiones de titular de la competencia, cuya ejecución ha encomendado a otra administración".

Las sanciones están teniendo otras repercusiones políticas. El grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes exigió ayer explicaciones. Hace nueve meses, el diputado Jesús Sansó registró cuatro solicitudes de comparecencia ante la "anómala situación" que viven diferentes municipios del Pirineo. "La administración no hizo los deberes en su día, ya que las obras de las depuradoras fueron declaradas de interés general y su financiación correspondía al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente", declaró.