"Queremos que en todo momento se sepa dónde está. Él conoce la sentencia, que conlleva un internamiento de seis años, y existe un importante riesgo de fuga". Mariano Tafalla, abogado de la familia del guardia civil de Barbastro José Antonio Pérez, muerto en un control de alcoholemia el pasado mes de marzo, pidió ayer en el Juzgado de Menores medidas complementarias a la libertad vigilada para evitar la huida del chico de 18 años sentenciado por estos hechos, entre otras, el seguimiento a través de una pulsera electrónica de localización o la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la viuda y la hija del agente de Tráfico. Tanto estas como él viven en Barbastro.

El juzgado celebró por la mañana una vista, en la que estuvo presente el joven. La magistrada debe decidir qué medidas cautelares le aplica ante su inminente puesta en libertad, y debe hacerlo antes del domingo, al haberse agotado el plazo máximo de internamiento provisional en régimen cerrado en un centro de menores. El periodo de seis meses se acabó en septiembre, la Fiscalía solicitó una prórroga de tres y no cabe una nueva demora.

"Los plazos son los que son. Era un tema complejo, en el que hubo que pedir diligencias incluso a Madrid", justificó ayer el fiscal jefe, Felipe Zazurca, quien confía en la rápida resolución de los recursos (defensa y acusación particular han anunciado su intención de apelar) para dar firmeza a la sentencia y posibilitar la ejecución de la misma.Comparecencia diaria

Se da por seguro que la juez decretará la libertad vigilada, ya que el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa coincidieron en solicitar esta medida para Abraham G. N., cuando el 4 de diciembre salga a la calle. La Fiscalía pide que conlleve la prohibición de ausentarse de Barbastro sin autorización judicial previa, la obligación de residir en su domicilio, la retirada del pasaporte y la comparecencia diaria ante el Juzgado de Menores o el Juzgado de Barbastro.

El abogado de la familia de la víctima se mostró preocupado por el riesgo de fuga y la alarma social provocada por la puesta en libertad. "La gente no entiende que el Estado no tenga medios para asegurar el cumplimiento de un sentencia en un caso tan grave, y no se puede dar sensación de impunidad", declaró Mariano Tafalla. Está de acuerdo con la libertad vigilada, pero cree que el chico debería estar bajo tutela de la DGA. "Que sea el Gobierno de Aragón y no la familia el que se responsabilice del cuidado de este chico al que tratamos como menor en aplicación de la ley", señaló. Cuando ocurrieron los hechos tenía 17 años, aunque ya ha cumplido 18.Orden de alejamiento

Este letrado reclamó otras medidas complementarias recogidas en la Ley del Menor. En primer lugar, la prohibición de acercarse o comunicarse con la viuda y la hija del guardia civil. También garantías de localización permanente, a través de algún dispositivo telemático como una pulsera electrónica. Esto no figura en la Ley del Menor, pero sí en el Código Penal, de aplicación, considera el abogado, habida cuenta de que ya tiene 18 años. Por último, pidió la continuidad del tratamiento, bajo la supervisión del mismo equipo, "en beneficio de su propia socialización".

Por su parte, la letrada de la defensa, Cristina Dolcet, entiende que deben adoptarse medidas cautelares hasta la firmeza de la sentencia, y por ello manifestó su conformidad con la solicitud de la Fiscalía "para asegurar dónde va a estar en todo momento". Discrepa con la acusación particular respecto al ingreso en un centro bajo la tutela de la Diputación General de Aragón. "El equipo técnico ha dicho que eso no es viable. En lo que sí estoy de acuerdo es en que continúe el tratamiento médico o educativo que ha iniciado", señaló.

Abraham G. N. permanece en el Centro de Educación e Internamiento para Menores de Juslibol en régimen cerrado desde principios del mes de marzo. Allí está recibiendo tratamiento médico y educativo. El Juzgado de Menores dictó sentencia contra él el pasado 25 de noviembre y el día 4 de diciembre finaliza la medida cautelar de internamiento provisional. Antes de esa fecha debe salir a la calle.