El Juzgado de Instrucción nº2 de Huesca investiga a tres empleados del Banco de Santander en relación a una presunta estafa a un anciano de 90 años con escasa formación al que vendieron un producto financiero tóxico en el que invirtió 10.000 euros bajo la creencia de que suscribía un plazo fijo.

A pesar de que la sucursal en Huesca de la entidad bancaria acordó devolver los ahorros al conocer la iniciación de una investigación judicial por estafa, el anciano, alojado en una residencia de monjas, decidió mantener la denuncia para aclarar las posibles responsabilidades existentes.

Abiertas diligencias de investigación, la titular del juzgado oscense acordó, según auto firmado el pasado 2 de junio, citar al empleado de la sucursal para declarar como investigado el 5 de julio.

Unos días después, la instructora citó para el mismo día, también en calidad de investigados, a dos apoderados de la entidad bancaria en Madrid que firmaron el contrato financiero vendido al anciano.

Un día antes de la fecha prevista para la declaración, los dos apoderados remitieron un escrito a la juez a través de su representación legal para informar de que no podrían comparecer "por motivos organizativos del banco y al ser periodo estival", y pedir la posibilidad de declarar por exhorto o videoconferencia.

El mismo 5 de julio, fecha prevista para la toma de declaraciones, el representante legal del empleado de la sucursal oscense comunicaba a la juez que no asistiría a la declaración "por estar de vacaciones".

Unas horas después, la juez emitía otro auto para citar al empleado para el 13 de julio y librar exhorto a los juzgados de Madrid para la toma de declaración a los apoderados, con el apercibimiento de que podían ser detenidos en caso de no comparecer.

Tres días después, el 8 de julio, el empleado de la sucursal oscense remitía al juzgado otro escrito para comunicar que estaba de vacaciones en Menorca y no podría comparecer en la fecha designada.

Finalmente, la juez acordó esta semana citar a este empleado para el próximo 27 de septiembre y enviar el exhorto a Madrid con un pliego de preguntas en sobre cerrado.

Para el letrado del anciano, el abogado Ricardo Orús, "resulta extraño que dos apoderados de alto rango declinen acudir a Huesca para dar explicaciones directas a la juez que los investiga por un posible delito, y en vez de ello se escuden en desear declarar ante un instructor de Madrid que desconoce el caso".

A su juicio, "es criticable y poco serio que siendo que concurren características que hacen presumir la posible existencia de un delito de estafa a mi cliente, el Banco de Santander lleve desde el mes de mayo sin dar al juzgado las explicaciones oportunas y directas para justificar su actuación y tratar de demostrar que no se cometió el delito".