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Técnicos que firmaron informes de la planta de biomasa declararán como investigados

Un juzgado de Monzón cita a la arquitecta del Ayuntamiento y a tres funcionarias del Inaga por la querella de los ecologistas.

El abogado Pablo Malo, con Beatriz Gual (representante vecinal) y Alejandro Serrano (Ecologistas).
El abogado Pablo Malo, con Beatriz Gual (representante vecinal) y Alejandro Serrano (Ecologistas).
R. Gobantes

El juzgado de instrucción número 1 de Monzón ha citado a declarar, en calidad de investigados, a cuatro técnicos que firmaron informes favorables para otorgar los permisos a la planta de biomasa promovida por la empresa Solmalsot I (del grupo Forestalia). En concreto, se trata de una arquitecta del Ayuntamiento de Monzón y de tres funcionarias del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). La juez las ha citado el 27 de mayo, tras admitir la querella presentada contra ellas por el abogado Pablo Malo, en nombre de Ecologistas en Acción, por delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. "Las personas que firman los informes y posibilitan una decisión política son luego responsables", justificó el portavoz de esa organización, Alejandro Serrano.

Uno de los pilares de la acción judicial, explicó ayer en rueda de prensa, es el informe del servicio de Cambio Climático que detecta irregularidades en el estudio de dispersión de contaminantes de la empresa. Asegura que es poco exhaustivo, "no viene firmado", "ni está visado por ningún colegio profesional". Tampoco midió algunos contaminantes, ni las partículas en suspensión más pequeñas, ni tuvo en cuenta los distintos focos existentes en una ciudad industrial como Monzón. El Inaga concedió la autorización ambiental, "a pesar de que el estudio no ofrecía garantías sobre la salud de los ciudadanos", advirtió Serrano, aunque a raíz del aviso de Cambio Climático la está revisando de oficio. "Tampoco se ha pedido un estudio a Sanidad. En Canarias, el informe sanitario ha impedido hacer una central de biomasa", añadió el portavoz ecologista.

También el Ayuntamiento dio permiso para construirla en suelo no urbanizable, "incumpliendo el PGOU", entre otras razones por no instalarla en un polígono industrial ni aislada del casco urbano (está a 600 metros).

Ecologistas en Acción se integra en la plataforma ciudadana contra la planta de biomasa, que, según los datos expuestos, quemará 51.000 kilos de virutas de madera a la hora, durante 8.000 horas al año (11 meses), emitiendo entre 40 y 60 toneladas de partículas en suspensión anuales. "Lo adecuado sería alejarla 5 kilómetros de cualquier población", pero si no se hace, aclaró Serrano, es por ahorrarse una línea eléctrica para llegar a la subestación, que ahora tendrían a 200 metros.

Por su parte, Beatriz Gual, representante vecinal, dijo que no pueden aceptar "que a 600 metros de nuestras casas se ponga semejante industria", ya que "el empleo se puede generar igual a 5 kilómetros". "Nos puede cambiar la vida", advirtió.150 condiciones

Según Forestalia, las autorizaciones concedidas recogen más de 150 condiciones. Las tecnologías aplicadas permiten reducir en un 99% las emisiones de polvo y habrá un plan de vigilancia ambiental permanente. Aclara que en el trámite de revisión de oficio se ha encargado de forma complementaria un nuevo estudio de dispersión de contaminantes atmosféricos, un estudio de balance energético y un análisis del acceso de la carretera a la nueva planta. "Pese a todas estas garantías, Forestalia Renovables está dispuesta a abrir procesos de diálogo y participación", señala, y así se ha trasladado a la plataforma ciudadana.

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